La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este jueves que su gobierno no protegerá a ningún funcionario o integrante de Morena si existen pruebas suficientes sobre posibles vínculos con actividades ilícitas, al referirse nuevamente a las acusaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Durante su conferencia, la mandataria sostuvo que cualquier investigación debe sustentarse en evidencias y corresponder a las autoridades judiciales y ministeriales, no a decisiones políticas desde la Presidencia de la República.
“Nosotros no vamos a defender a nadie, aunque sea de Morena, si hay pruebas de que cometió un delito”, afirmó Sheinbaum, quien recordó que incluso existen presidentes municipales emanados de Morena que actualmente enfrentan procesos judiciales o se encuentran detenidos por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
Como ejemplo, mencionó el caso del alcalde de Tequila, Jalisco, y señaló que existen decenas de investigaciones abiertas contra funcionarios municipales en distintas partes del país.
La presidenta insistió en que su administración mantiene una postura basada en el respeto al Estado de Derecho y aclaró que cualquier acción penal corresponde únicamente a la Fiscalía General de la República y al Poder Judicial.
En ese contexto, también pidió separar el caso relacionado con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, de cualquier interpretación política, al señalar que se trata de un asunto judicial y no de instrucciones emitidas desde el Ejecutivo federal.
“No es un asunto de la presidenta. Si la Fiscalía tiene pruebas, que proceda”, expresó Sheinbaum al rechazar señalamientos sobre presuntas decisiones políticas contra mandatarios estatales o exgobernadores.
Además, rechazó la narrativa que vincula a Morena con acuerdos o protección al crimen organizado y aseguró que ese discurso forma parte de una estrategia propagandística impulsada sin pruebas contundentes.
Finalmente, la presidenta indicó que desconoce si la Unidad de Inteligencia Financiera realizó congelamientos de cuentas bancarias relacionadas con Rocha Moya, sus familiares o el senador morenista Enrique Inzunza.
