Con el propósito de fortalecer el acceso a la información pública y reducir la discrecionalidad en el manejo de documentos oficiales, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto que modifica los criterios para la publicación de información gubernamental y anunció que enviará al Congreso una reforma a la Ley de Transparencia al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones.
La mandataria explicó que, con las nuevas disposiciones, dejará de ser facultad de los funcionarios decidir qué información puede mantenerse reservada bajo argumentos de seguridad nacional o por encontrarse en procesos judiciales o administrativos. En adelante, esos supuestos quedarán claramente delimitados por la legislación y, cuando corresponda, deberán difundirse versiones públicas de los documentos.
Durante la conferencia matutina, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, señaló que el decreto busca consolidar el principio de máxima publicidad y ampliar la información disponible para la ciudadanía, incluso por encima de las obligaciones legales actuales.
Entre las principales medidas destaca la publicación mensual, en lugar de trimestral, de los contratos celebrados por dependencias federales, incluidas Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Asimismo, se reducirá el número de supuestos para reservar información, simplificando las 173 causales existentes y limitándolas únicamente a casos relacionados con la seguridad nacional y asuntos que permanezcan bajo litigio.
El decreto también contempla fortalecer la difusión de información sobre auditorías, fiscalizaciones y contrataciones públicas, además de convocar a gobiernos estatales, municipales y otros poderes a sumarse a la política de máxima publicidad para ampliar la transparencia en todos los niveles de gobierno.
