Al ser cuestionada sobre posibles investigaciones contra exmandatarios, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejó en claro que su administración no tiene como prioridad impulsar procesos judiciales contra expresidentes y que su Gobierno se apegará a lo que ya fue resuelto mediante los mecanismos de participación ciudadana.
Durante su conferencia matutina, la mandataria recordó que el tema del eventual juicio a expresidentes ya fue sometido a una consulta popular, la cual no alcanzó el nivel de participación requerido para tener efectos vinculantes. En ese sentido, explicó que el actual Gobierno respeta el resultado de ese ejercicio y no tiene interés en reabrir el debate.
Sheinbaum precisó que, en caso de que la Fiscalía General de la República solicitara información relacionada con investigaciones que involucren a exmandatarios como Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón Hinojosa, el Ejecutivo federal está obligado por ley a colaborar, siempre y cuando alguna dependencia cuente con los datos requeridos. Sin embargo, subrayó que ello no implica una iniciativa del Gobierno para promover dichos procesos.
La Presidenta recordó que, en el sexenio anterior, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó denuncias relacionadas con operaciones financieras atribuidas a Peña Nieto y a integrantes de su familia, presuntamente vinculadas con contratistas del Gobierno federal.
En el caso de Felipe Calderón, mencionó que existen expedientes asociados a la actuación de Genaro García Luna y a investigaciones como el operativo Rápido y Furioso.
Pese a estos antecedentes, Sheinbaum reiteró que su administración no centra su agenda en el pasado y que su atención está puesta en fortalecer la transparencia y la correcta aplicación de los recursos públicos. “Lo importante es garantizar la honestidad hacia adelante”, señaló.
Cabe recordar que la consulta para juzgar a expresidentes fue impulsada en 2020 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien solicitó formalmente al Senado someter el tema a consideración ciudadana. Aunque la mayoría de los votantes se pronunció a favor de investigar posibles delitos, la participación no fue suficiente para que el resultado tuviera carácter obligatorio.
