La presidenta Claudia Sheinbaum no dudó en calificar como un abuso las pensiones que perciben algunos ex funcionarios de la banca de desarrollo y organismos estatales, al referirse al caso de José Ángel Gurría, ex secretario general de la OCDE y ex director de Nacional Financiera (Nafin), quien recibe 120 mil pesos mensuales por su paso en esta última institución.
“Ya que salió público, lo podemos decir y vamos a ver qué información se puede dar”, afirmó durante su conferencia en Irapuato, cuestionando incluso los ingresos que pudo percibir al frente de la OCDE. La mandataria subrayó que la reforma constitucional para limitar pensiones solo afecta a funcionarios públicos de confianza y no al personal militar, buscando poner fin a beneficios que no se justifican tras pocos años de servicio.
De acuerdo con La Jornada, el caso de Gurría Treviño, quien entre 1994 y 2019 acumuló más de 25 millones de pesos en prestaciones y pensión por menos de dos años en Nafin, refleja la disparidad del sistema mexicano. Mientras los primeros jubilados bajo el esquema de cuentas individuales administradas por Afore reciben en promedio cinco mil pesos al mes, ex directivos y líderes sindicales de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad perciben entre 250 mil y 500 mil pesos mensuales.
Algunos de estos ingresos incluyen además montos retroactivos, subsidios para alimentos, prestaciones médicas y arcones navideños, cifras que contrastan con la mayoría de los trabajadores que, tras toda una vida laboral, apenas alcanzan el 70% de su último salario.
En Nafin, una docena de ex directivos, incluyendo al último regente del entonces Distrito Federal, Óscar Espinosa Villarreal, recibieron entre 1994 y 2019 pensiones y prestaciones que suman más de 337 millones de pesos por cargos que ocuparon, en promedio, solo tres años.
En la CFE y Pemex, los números no son menos impactantes: ex líderes sindicales perciben más de 500 mil pesos al mes, mientras que ex directores y subdirectores alcanzan hasta 263 mil pesos mensuales. En conjunto, estas empresas del Estado destinaron cerca de 550 millones de pesos anuales a 160 pensionados, mientras 70 mil trabajadores se jubilan con Afore y pensiones modestas.
Sheinbaum puntualizó que casos como el de María Amparo Casar también deberán ajustarse al tope máximo que apruebe la reforma, y que cualquier denuncia sobre irregularidades corresponde a la Fiscalía General de la República. La presidenta insistió en que la medida busca poner fin a privilegios injustificados y reducir la brecha entre ciudadanos y ex funcionarios con pensiones desproporcionadas, un paso hacia un sistema más equitativo en México, donde los beneficios extraordinarios de unos pocos contrastan con la precariedad de la mayoría.
