Durante más de una década, uno de los empresarios más influyentes del país logró posponer, impugnar y estirar al límite el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Hoy, sin más instancias legales a su favor, Ricardo Salinas Pliego y sus empresas enfrentan el reloj, ya que el Grupo Salinas deberá cubrir en enero próximo un adeudo fiscal de 51 mil millones de pesos, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación cerró definitivamente el caso.
Así lo confirmó el director del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, al detallar que se agotaron todos los recursos legales interpuestos desde 2013, cuando la autoridad determinó adeudos de Impuesto Sobre la Renta correspondientes a los ejercicios de 2008 a 2013.
Durante años, el magnate utilizó un entramado de litigios para evitar el pago, mientras su discurso público se construía desde la crítica al Estado y sus instituciones.
La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que el proceso se mantiene estrictamente en el ámbito legal y administrativo. En enero de 2026, el SAT notificará formalmente el requerimiento de pago y, conforme al Código Fiscal de la Federación, las empresas aún podrán solicitar ajustes o descuentos previstos por la ley. Si no cumplen, se abrirá una nueva etapa de procedimientos coercitivos.
Más allá del litigio, el caso pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué habría significado para el país contar antes con esos recursos? La mandataria adelantó que, de concretarse el pago, el dinero se destinaría directamente a programas sociales.
Tan solo la Pensión Mujeres Bienestar contará en 2026 con un presupuesto de 59 mil millones de pesos, monto que podría fortalecerse, al igual que las becas educativas y otros apoyos dirigidos a los sectores más vulnerables.
Mientras millones de contribuyentes cumplen puntualmente con el fisco, el desenlace del caso Salinas Pliego se convierte en una prueba de fuego para el Estado mexicano: demostrar que, incluso frente a los grandes capitales, la ley no es negociable y que el pago de impuestos no es una opción, sino una obligación constitucional.
