Ricardo Salinas Pliego, además de ser uno de los empresarios más poderosos de México, ha cultivado una doble imagen: la de evasor del SAT y, más recientemente, la de supuesto perseguido político, cuyo único propósito es evitar el pago de sus obligaciones fiscales.
Su nueva narrativa es la de un personaje que pretende “salvar” al país para llegar a la Presidencia de México. Sin embargo, más allá de que obtendría menos votos que incluso Xóchitl Gálvez en la pasada elección, la realidad del magnate es muy distinta: sus problemas fiscales comienzan a generarle serias consecuencias, no sólo en México —donde la Suprema Corte de Justicia ya no responde a empresarios ni a la oposición— sino ahora también en Estados Unidos.
De acuerdo con medios estadounidenses, el dueño de Grupo Salinas y TV Azteca acaba de librar la cárcel en Nueva York gracias al pago de una fianza de 25 millones de dólares. La jueza Andrea Masley, de la Corte Suprema del Estado de Nueva York, determinó que tanto él como su empresa Salinas Telecom debían cubrir la cantidad para evitar su arresto y garantizar el cumplimiento de un litigio con AT&T.
La multinacional estadounidense acusa a Salinas de haberle heredado una pesada deuda fiscal tras la compra de Iusacell en 2015, cuando la firma mexicana era el tercer proveedor de telefonía móvil en el país con más de ocho millones de usuarios.
El caso viene de años atrás. AT&T presentó la demanda en 2020, pero el proceso se ha prolongado por cinco años debido a la resistencia del magnate mexicano a pagar los daños. Hoy, además de la fianza, debe cubrir más de un millón de dólares en honorarios de abogados. La alternativa que se le planteó era clara: desembolsar la suma o enfrentar la prisión de Rikers, una de las más duras y temidas de Estados Unidos. En ese contexto, Salinas prefirió el silencio. No acusó al sistema judicial estadounidense de perseguirlo, no habló de conspiraciones políticas ni de supuestos ataques a su libertad. Simplemente pagó.
Y ese contraste es revelador, porque en México, Salinas Pliego tiene una deuda de 75 mil millones de pesos con el SAT, la cual se ha negado a saldar mientras se presenta públicamente como víctima de un gobierno que —según él— lo quiere “aplastar” por razones políticas. ¿Por qué en su país habla de persecución y en Estados Unidos calla y paga? La respuesta parece obvia: allá no hay margen para la simulación.
A la disputa con AT&T se suma otro frente abierto, porque fondos de inversión estadounidenses le reclaman 400 millones de dólares en bonos que Grupo Salinas no cubrió durante la pandemia. En México, un juzgado civil le ha dado la razón de manera provisional, al aceptar el argumento de que la crisis sanitaria imposibilitó el pago. Sin embargo, los inversionistas exigen ahora que sea el Estado mexicano el que asuma la deuda. La presidenta Claudia Sheinbaum lo resumió sin rodeos: “La pandemia ya pasó, eso ya fue, ahora sí que toma chocolate y paga lo que debes”.
Su estrategia es victimizarse en México, donde el discurso político le sirve para proteger sus intereses y mantener su capital mediático, pero guardar silencio en el extranjero, donde no tiene margen para la narrativa de “perseguido”. Es el mismo empresario que ahora intenta irrumpir en la política nacional con el Movimiento Anticrimen y Anticorrupción (MAAC), aunque sus propios expedientes están marcados por deudas, arbitrajes internacionales y litigios millonarios.
La pregunta es inevitable, si en México insiste en llamarse perseguido político, ¿dirá lo mismo en Estados Unidos? Porque allá no lo persigue un gobierno, sino jueces y corporaciones con papeles en mano. Y cuando la opción es pagar o enfrentar la cárcel, Salinas Pliego elige lo que nunca ha hecho en México: cumplir.
