El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, volvió a recurrir a los tribunales federales en un nuevo intento por modificar su situación jurídica. Desde el penal de máxima seguridad del Altiplano, donde permanece recluido, promovió un juicio de amparo con el que busca frenar su reclusión y una posible extradición, mientras enfrenta un proceso penal por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita.
Duarte, quien gobernó Chihuahua entre 2010 y 2016, permanece bajo la medida de prisión preventiva justificada en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, en el Estado de México.
La nueva demanda de amparo fue presentada ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, en contra de actos atribuidos a la jueza María Jazmín Ambriz López, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez. En su escrito, el exmandatario reclamó la orden de aprehensión, la privación de la libertad y el proceso de extradición en su contra.
De acuerdo con información difundida por medios nacionales, el recurso legal, sin embargo, quedó atrapado en un conflicto de competencia entre juzgados. El juez Adolfo Christian Castro Solís, titular del juzgado capitalino, se declaró incompetente para conocer del amparo. De acuerdo con su resolución, el trámite del juicio inició originalmente ante el Juzgado Décimo de Distrito con residencia en Chihuahua, el cual también se negó a asumir el caso y decidió turnarlo a su homólogo en la capital del país.
Castro Solís argumentó que los razonamientos expuestos por el juzgador chihuahuense apuntan a que la competencia corresponde a un juzgado de distrito en materia penal con sede en Toluca, Estado de México, al ser el lugar donde Duarte se encuentra privado de la libertad. En ese sentido, señaló que el envío del expediente a la Ciudad de México obedeció a un error administrativo y ordenó remitirlo nuevamente a la autoridad judicial mexiquense.
El futuro del amparo aún no está definido. En caso de que los juzgados involucrados mantengan posturas encontradas y ninguno acepte conocer del asunto, será un Tribunal Colegiado el que determine qué órgano jurisdiccional deberá resolverlo.
En diciembre pasado una jueza de control federal vinculó a proceso a César Duarte por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita y confirmó la prisión preventiva justificada. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, el exgobernador habría participado en un presunto esquema de lavado de dinero para ocultar 73 millones 925 mil 995 pesos, recursos que habrían sido desviados de las arcas del gobierno estatal durante su administración.
