Si alguien pensaba que el mayor enemigo de la lucha contra la corrupción eran los criminales de cuello blanco, es porque nunca ha visto el espectáculo que ofrece el Poder Judicial mexicano. Con la elegancia de un prestidigitador y la frialdad de un cirujano, jueces y hasta ministros de la Suprema Corte han estado liberando recursos incautados a personajes sospechosamente bien conectados. Hay varias preguntar que tenemos que plantear, una de ellas es ¿cuánto cuesta una resolución judicial en México? No en términos legales, sino en billetes contantes y sonantes.
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), expuso en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum un panorama que haría palidecer a cualquiera con un sentido elemental de justicia: del 1 de diciembre de 2018 a marzo de 2025, se han bloqueado 32 mil 500 millones de pesos, 568.3 millones de dólares y dos millones de euros a individuos y empresas con antecedentes dudosos. Sin embargo, con la generosidad de un benefactor anónimo, los jueces han decidido que buena parte de estos fondos deben ser devueltos, permitiendo que sus dueños sigan disfrutando de sus fortunas sin mayor consecuencia.
El mecanismo es tan sencillo como insultante: una persona es incorporada en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) y tiene dos caminos para impugnar. Puede acudir a la UIF y seguir un proceso administrativo o bien presentar un amparo. Y aquí es donde comienza la magia del Poder Judicial: «la inmensa mayoría de los jueces lo otorgan y le permiten seguir utilizando los recursos, aunque siga incorporado en la lista», explicó Gómez con una resignación apenas disimulada.
Por si esto no fuera lo suficientemente escandaloso, ahora algunos jueces han decidido que ni siquiera es necesario esperar una resolución definitiva. Con una simple suspensión provisional, ordenan la desincorporación de nombres de la LPB, permitiendo que personas investigadas por lavado de dinero sigan operando con total impunidad. Porque en México, el crimen financiero goza de más garantías que cualquier ciudadano honrado.
Los números no mienten: de los 32 mil 531 millones de pesos bloqueados, 23 mil 575 millones han sido liberados por resoluciones judiciales, mientras que solo cinco mil 61 millones fueron desbloqueados por la UIF tras una revisión exhaustiva. En otras palabras, el Poder Judicial no solo es permisivo, sino que se ha convertido en el socio estratégico del lavado de dinero.
El caso de Inés Gómez Mont y su pareja, Víctor Manuel Álvarez Puga, es el epítome de este teatro del absurdo. Se enriquecieron mediante fraudes en el sistema penitenciario, lograron evadir a la justicia huyendo a Estados Unidos y, a pesar de tener órdenes de aprehensión, han conseguido que sus cuentas bancarias sean reactivadas por un tribunal mexicano. ¿Milagro judicial? No, simple y llana corrupción institucionalizada.
La Presidenta Sheinbaum fue contundente. “No puede ser esta colusión y esta corrupción, porque no tiene otro nombre, de los jueces y de muchos ministros de la Corte”. Y no le falta razón. México enfrenta un problema estructural en su Poder Judicial, donde demasiados jueces parecen actuar más como abogados defensores de los poderosos que como garantes de la ley.
No se trata de una simple reforma aquí y allá, como quien cambia los muebles de lugar en una casa infestada de termitas. Hace falta una reestructuración completa, un derrumbe y reconstrucción desde los cimientos, que elimine el blindaje de impunidad del que gozan estos magistrados y jueces. Ya hay modificaciones legales en proceso, pero lo que está en juego es mucho más que eso: es la posibilidad de que México tenga, al fin, un sistema judicial que no funcione como una extensión de los círculos de poder y corrupción.
Porque, hoy por hoy, el Poder Judicial no solo no combate el crimen: lo administra y lo protege con la eficiencia de un contador y la frialdad de un mercenario.
