Luego de que ayer se diera a conocer la compra de camionetas blindadas por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que solicitó una explicación formal sobre dicha adquisición, en un contexto marcado por los compromisos de austeridad que el propio Poder Judicial había planteado desde el año pasado.
Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que la Secretaría de Gobernación consultó al Comité de Administración del máximo tribunal y recibió una nota informativa en la que se explica que la compra de los vehículos sustituyó un contrato de renta vigente, lo que, de acuerdo con la Corte, representó un ahorro superior a los mil millones de pesos. No obstante, subrayó que corresponde a la SCJN informar con detalle sobre el proceso y las razones de la decisión, así como transparentar el uso de los recursos públicos.
“Nos dieron una nota informativa de que redujeron, había un contrato de renta de vehículos y decidieron sustituirlo por la compra y ahorraron más de mil millones de pesos, en este proceso. Esa es la nota que dieron, obviamente la Corte tiene que informar y todo el comité de administración tiene que informar sobre esta adquisición”, indicó Sheinbaum esta mañana.
La polémica se da en un momento particularmente sensible para la Corte. En septiembre de 2025, la nueva integración del máximo tribunal se deslindó públicamente del anteproyecto de presupuesto 2026 aprobado por la anterior conformación, encabezada por la ministra Norma Piña Hernández.
En ese entonces, la SCJN reconoció que el Pleno previo había avalado un presupuesto de 5 mil 869 millones de pesos, lo que implicaba un incremento de 8.1 por ciento respecto al ejercicio en curso.
Sin embargo, bajo la presidencia del ministro Hugo Aguilar Morales, la nueva Corte sostuvo que ese aumento no correspondía con la “nueva realidad” del Poder Judicial y aseguró que su actuación estaría alineada con criterios de austeridad, responsabilidad y uso racional del gasto público. Incluso, se informó que se solicitó al Órgano de Administración Judicial revisar el presupuesto y entablar diálogo con la Cámara de Diputados para ajustar las cifras a la baja.
En ese marco, el anuncio de la renovación de la flota vehicular generó cuestionamientos. Ayer, la SCJN informó que se adquirieron nueve camionetas blindadas tipo Jeep para las ministras y ministros, argumentando que las unidades anteriores ya no cumplían con los estándares de seguridad necesarios para quienes desempeñan funciones de alta responsabilidad institucional. Según el comunicado oficial, la decisión se basó en opiniones técnicas de autoridades federales y respondió a criterios de prevención y seguridad, no a consideraciones discrecionales.
Sheinbaum Pardo aclaró que el Gobierno federal no ha afirmado que los ministros enfrenten amenazas específicas y reiteró que esa información debe ser proporcionada por la propia Corte. “Yo informo de lo que preguntamos el día de ayer y de la nota que amablemente nos hicieron llegar”, expresó.
La discusión sobre las camionetas blindadas vuelve a colocar en el centro del debate el discurso de ahorro y no despilfarro que la Suprema Corte había prometido desde septiembre pasado. Mientras el máximo tribunal sostiene que la compra implicó un ahorro frente a la renta de vehículos, la presidenta insistió en la necesidad de que se expliquen con claridad las decisiones administrativas, en congruencia con los compromisos de austeridad y transparencia que hoy se exigen a todas las instituciones públicas.
