En su último suspiro antes de entregar la presidencia de la Suprema Corte, Norma Piña deja una huella amarga: proteger a Lorenzo Córdova y borrar de los libros de texto el episodio que mejor lo retrata. En lugar de cerrar su gestión con dignidad y altura institucional, la Corte cierra filas en torno a uno de los rostros más visibles del viejo régimen, de ese neoliberalismo que se disfrazaba de democracia mientras despreciaba a los pueblos originarios con risas de burócrata ilustrado.
Tres votos contra dos fueron suficientes para que la Segunda Sala de la Corte amparara a Córdova, obligando a la SEP a suspender la distribución del libro Proyectos comunitarios de sexto de primaria y a eliminar toda referencia al episodio de 2015 en que, en una llamada telefónica, el entonces consejero presidente del INE se burló de los representantes indígenas. Para los ministros que votaron a favor —Laynez, Pérez Dayán y Pardo Rebolledo—, pesó más la “reputación” de Córdova que el derecho de los niños a saber cómo se conducía un funcionario que se autodenominaba defensor de la democracia.
Es una decisión que huele a amarre de último minuto, a blindaje personal disfrazado de justicia. La Corte no resolvió a favor del derecho a una educación objetiva —como decía el recurso original de Córdova—, sino solo por la supuesta afectación a su honor. Pero ¿qué honor puede defenderse cuando hay un audio tan claro, tan brutal, tan vergonzoso? La memoria no se borra editando libros. La justicia no se hace escondiendo la verdad.
Norma Piña entrega la Corte con una última concesión al grupo al que siempre protegió: el de los intocables. El de los que pueden burlarse de los más vulnerables sin consecuencia alguna. El de los tecnócratas que se indignan si se les exige rendir cuentas, pero que jamás se indignaron por el racismo que ellos mismos ejercieron. Lo que la Corte acaba de hacer no es proteger el honor de una persona: es proteger el pacto de impunidad con el pasado reciente.
Eliminar ese fragmento del libro es un error histórico. Los niños deben conocer la verdad, incluso la más incómoda. ¿Cómo construir una ciudadanía crítica si desde la escuela se les oculta que el racismo institucional ha estado —y sigue estando— presente en los altos mandos? Que lo sepan, que lo lean, que se pregunten. Porque el deber de la educación pública no es maquillar la historia, sino formar conciencia.
Córdova no fue víctima. Fue protagonista de un episodio de discriminación que merece ser registrado como tal. Y si la Corte no tuvo el valor de reconocerlo, al menos nos queda la dignidad de la palabra. Como dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, «lo vamos a seguir mencionando». Y no solo mencionando: recordando, señalando y enseñando.
Porque si la justicia no está con los pueblos originarios, si no está con la infancia, si no está con la verdad, entonces ¿con quién está? La respuesta, lamentablemente, quedó clara esta semana.