La detención del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, ha desatado un intenso debate sobre la corrupción en la política mexicana. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, confirmó que la captura corresponde a una orden emitida en 2024 por la Fiscalía General de la República, relacionada con delitos de lavado de dinero.
La detención de Duarte es considerada un paso significativo en la lucha contra la impunidad, según el Gobierno federal.
Las autoridades federales explicaron que el 4 de octubre de 2024, fue tramitada una autorización ante el Gobierno de Estados Unidos con el objetivo de que se le pudiera procesar por un delito distinto, misma que fue concedida el 4 de diciembre del presente año.
Esa fue la razón por la que el entonces fiscal Alejandro Gertz no había detenido a Duarte.
Se le acusa de desviar recursos públicos hacia intereses personales durante su mandato, lo que ha generado reclamos de justicia por parte de la ciudadanía.
Efraín Morales, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), indicó que también se investiga el acaparamiento ilícito de recursos hídricos en Chihuahua durante la administración de Duarte. Este uso indebido dejó consecuencias graves para la gestión del agua en la región.
Morales mencionó que la Comisión está revisando concesiones otorgadas bajo administraciones pasadas, incluyendo las de Vicente Fox y Enrique Peña Nieto. Estas concesiones, que suman un total de 47 millones de metros cúbicos, son objeto de examen para determinar su legalidad y impacto en las comunidades locales.
