La presidenta Claudia Sheinbaum ha colocado sobre la mesa una discusión de fondo para terminar con los privilegios históricos del sistema de partidos. Su anuncio de enviar la reforma electoral el próximo lunes, con la eliminación de las listas plurinominales como eje central, representa una definición política y un compromiso público. El planteamiento es transparente, nadie debe acceder a un cargo de representación popular sin buscar el voto en territorio.
Durante décadas, la figura de representación proporcional fue presentada como un mecanismo para garantizar pluralidad. Sin embargo, en la práctica, las listas se convirtieron en espacios de negociación cupular, donde las dirigencias decidían quién entraba al Congreso sin someterse al escrutinio directo de la ciudadanía. La propuesta presidencial rompe con esa lógica al mantener los 500 diputados y obligar a todos a competir, eliminar la representación proporcional en el Senado para devolverle su carácter de representación territorial y reducir el gasto excesivo del aparato electoral.
El beneficio potencial para el pueblo de México es doble. Primero, se fortalece la rendición de cuentas. Un legislador que necesita el voto directo tiene incentivos para recorrer su distrito, escuchar demandas y responder políticamente. Segundo, se liberarían entre 12 y 13 mil millones de pesos que hoy se destinan al gasto electoral, recursos que podrían canalizarse a salud y educación bajo el principio de austeridad republicana.
Sheinbaum subraya que no se trata de debilitar al INE, sino de eliminar despilfarros y salarios que superan incluso el de la Presidencia. También incorpora elementos de democracia participativa, como consultas municipales mediante firmas y votación electrónica, lo que ampliaría la intervención ciudadana en decisiones presupuestales.
La oposición prianista ya ha adelantado su rechazo, coherente con su defensa histórica del modelo vigente, del viejo sistema de gobierno. Pero el punto crítico será la postura de aliados como el PT y el PVEM. Si estos partidos deciden proteger la “lista de cúpulas”, deberán ser señalados con claridad, así como dice la Presidenta. No puede sostenerse un discurso de transformación mientras se preservan mecanismos que blindan posiciones sin voto directo. La congruencia será la vara de medición.
La Presidenta señaló en la Mañanera del Pueblo de este miércoles que, aun si la reforma no se aprueba, el compromiso con la ciudadanía estaría cumplido. Con ello cambia el sentido de la discusión, que deja de centrarse únicamente en los votos necesarios en el Congreso y se coloca en el terreno de los principios. Terminar con los viejos privilegios partidistas supone replantear la relación entre representación y ciudadanía. Si la reforma avanza, podría impulsar una democracia más directa y con menor costo; si no ocurre, quedará claro quién decidió mantener el esquema actual.
