El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido durante el Festival de Velas, se convirtió en el nuevo campo de batalla de una oposición conservadora que, lejos de mostrar empatía o respeto por la víctima y su familia, aprovechó el hecho para montar una ofensiva mediática contra la estrategia de seguridad del Gobierno Federal.
Desde las primeras horas posteriores al ataque, los mensajes de condolencia fueron eclipsados por una ola de desinformación, encabezada por cuentas automatizadas y perfiles afines al bloque opositor, que distorsionaron los hechos y buscaron responsabilizar directamente a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La propia mandataria federal, al abordar el tema en su conferencia matutina de este lunes, no evadió la gravedad del crimen, pero sí cuestionó la forma en que sectores de la derecha actuaron “como buitres”, al utilizar una tragedia humana con fines políticos. “¿Qué propone la derecha? ¿La guerra contra el narco? ¿Qué regrese García Luna?”, expresó Sheinbaum, aludiendo a la visión belicista que imperó durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cuyos resultados fueron devastadores para Michoacán y el país entero.
La reacción de la oposición fue predecible: aprovechar cualquier incidente violento para desacreditar la política de seguridad actual, sin reconocer los avances ni los cambios estructurales que distinguen la estrategia de esta administración. Las redes sociales se llenaron de mensajes que pretendían instalar la idea de que el Gobierno Federal había abandonado a Michoacán.
Sin embargo, los propios antecedentes del caso desmienten esa narrativa. Meses antes del atentado, el alcalde Manzo había reconocido públicamente el respaldo recibido por parte de la Federación, tras la llegada en septiembre de más de 200 elementos de la Guardia Nacional a Uruapan, aunque en mayo ya había presencia federal.
Es cierto que la situación de violencia en la región ha sido compleja, y que el crimen de Manzo fue un golpe duro para la estabilidad local. Pero también lo es que el Gobierno Federal respondió con acciones concretas, reforzando la presencia de fuerzas federales y estrechando la coordinación con autoridades estatales. Esa parte, la que refleja responsabilidad y continuidad institucional, fue borrada deliberadamente del discurso opositor, que prefirió concentrarse en el ataque político. La verdad fue que el alcalde fue cazado.
La estrategia de seguridad que impulsa el Gobierno actual —basada en la inteligencia, la atención a las causas sociales y la justicia— se opone frontalmente al modelo de guerra que, durante doce años, alimentó la violencia y el miedo. No se trata de minimizar las tragedias, sino de comprender que el enfoque represivo del pasado no resolvió el problema, sino que lo agravó. La presidenta Sheinbaum lo subrayó con claridad: “La fuerza del Estado es la justicia, no la militarización”.
El caso de Uruapan evidencia dos realidades paralelas. Por un lado, un Estado que responde con recursos, presencia y políticas preventivas; por otro, una oposición que reduce cualquier crisis a un eslogan electoral. Mientras el Gobierno refuerza operativos y avanza en el fortalecimiento institucional, los grupos conservadores se aferran a las mismas recetas fallidas del pasado, incapaces de ofrecer una alternativa viable.
La tragedia del alcalde Carlos Manzo debió ser un momento de unidad nacional, no de manipulación. Transformar el dolor en una herramienta de ataque político solo profundiza la polarización y aleja la posibilidad de un debate serio sobre la seguridad. Si algo demuestra este episodio es que, para ciertos sectores, la muerte de un adversario político o un servidor público no representa una pérdida humana, sino una oportunidad mediática. Y eso, en un país que busca sanar heridas y construir paz, resulta moralmente inaceptable.
En medio de la desinformación, conviene recordar lo esencial: el Gobierno Federal sí actuó en Uruapan, sí reforzó la presencia de la Guardia Nacional y sí atendió los reclamos del propio alcalde. Eso está en las propias redes sociales de Mazo y puede consultarse. Pretender lo contrario no solo distorsiona la verdad, sino que falta al respeto a una sociedad que exige soluciones, no propaganda. Porque el verdadero combate contra la violencia comienza con la honestidad, no con los hashtags de la conveniencia.
