La brutalidad que el crimen organizado ha alcanzado en México ha dejado de ser un fenómeno de violencia común para convertirse en un sistema de exterminio planificado. El hallazgo en Teuchitlán, Jalisco, donde se localizaron crematorios clandestinos y montones de zapatos y ropa de víctimas, evidencia un nivel de barbarie que, guardando las proporciones, recuerda a los campos de exterminio del siglo XX.
El crimen organizado ha evolucionado, y con ello, su capacidad para instaurar métodos de terror comparables a los peores episodios de la historia humana. No se trata únicamente de asesinatos o desapariciones forzadas, sino de una maquinaria sistemática que recluta, somete y aniquila personas con una impunidad pasmosa. El hecho de que este rancho haya operado pese a haber sido asegurado por la Guardia Nacional en 2024 solo subraya la complicidad y omisión de las autoridades. Eso por si solo debería motivar una reacción más enérgica del Gobierno.
Un modelo criminal estructurado
El descubrimiento en el Rancho Izaguirre expone una realidad escalofriante: un campo de reclutamiento donde las víctimas no eran solo explotadas, sino utilizadas como carne de cañón en un proceso de selección brutal. Aquellos que no eran aptos para las tareas del cártel eran ejecutados y sus cuerpos incinerados en hornos clandestinos.
Este no es un caso aislado. Las redes criminales han perfeccionado su modus operandi, aprovechando la precariedad económica para atraer víctimas con falsas ofertas de empleo publicadas en redes sociales. Jóvenes, en su mayoría varones, eran trasladados a este rancho con la promesa de trabajo, solo para encontrarse con un destino de tortura y muerte.
El hallazgo de cientos de prendas, identificaciones y objetos personales sugiere que el número de víctimas es mucho mayor al reportado oficialmente. Familias enteras han reconocido pertenencias entre los restos recuperados, lo que indica que esta práctica llevaba tiempo operando sin intervención efectiva del Estado.
El Estado, testigo silencioso de la barbarie
Lo más alarmante de este caso no es solo la violencia extrema del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), sino la incapacidad (o falta de voluntad) del gobierno para frenar este tipo de centros de exterminio. Desde 2024, las autoridades federales y estatales sabían de la existencia del rancho. Incluso hubo un operativo que resultó en rescates y detenciones, pero las fosas, los crematorios y los montones de ropa no fueron reportados en ese momento.
¿Cómo es posible que, un año después, un colectivo de búsqueda descubra lo que la Guardia Nacional no vio o prefirió ignorar? Es verdaderamente increíble que el crimen organizado haya logrado instaurar un régimen de terror con el beneplácito de la inacción oficial. La impunidad con la que operan estos grupos solo puede explicarse con la connivencia de quienes deberían combatirlos.
¿Por qué son las madres buscadoras quienes tienen que encontrar estos campos de exterminio y no las autoridades? Los colectivos de búsqueda, conformados por familiares de desaparecidos, han asumido un papel que debería recaer en la fiscalía, en la policía, en el gobierno. Estas mujeres no deberían estar removiendo la tierra en busca de los restos de sus hijos, sino recibiendo respuestas y justicia por parte del Estado. Su labor es valiente, pero es también una evidencia dolorosa del abandono institucional y de la negación sistemática del problema.
La respuesta de las autoridades ha sido tibia. Se habla de investigaciones, de “llegar al fondo del asunto”, pero no hay un reconocimiento del problema en su verdadera dimensión. Lo sucedido en Jalisco no es solo un crimen, es un síntoma de la descomposición de un país donde el narcotráfico ha impuesto su propia ley.
El caso del Rancho Izaguirre debería ser un punto de inflexión, pero la historia reciente nos recuerda que será solo otro episodio en la larga lista de atrocidades olvidadas. Mientras el gobierno siga administrando la violencia en lugar de enfrentarla, México seguirá acumulando cementerios clandestinos y campos de exterminio que solo salen a la luz gracias a colectivos de familias que buscan a sus desaparecidos con sus propias manos.
Atraerá la FGR el caso
La presidenta Claudia Sheinbaum informó cuatro días después de que se dio a conocer el caso, que solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) que se encargue de las investigaciones sobre los crematorios encontrados en el rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco.
Sheinbaum respaldó las declaraciones del fiscal Alejandro Gertz Manero, quien había señalado la improbabilidad de que las autoridades locales y estatales no estuvieran al tanto de la situación. «Lo primero que debemos hacer es investigar», aseguró la mandataria, destacando la importancia de esclarecer los hechos. La solicitud a la FGR busca asegurar una investigación exhaustiva sobre el caso.
