En un nuevo capítulo de simulación política, los partidos de oposición han lanzado una campaña para desacreditar las reformas en materia de telecomunicaciones y seguridad pública aprobadas por el Senado, acusando la supuesta instauración de un “Estado espía”. Sin embargo, lo que omiten deliberadamente es que el artículo que hoy denuncian como herramienta de vigilancia fue aprobado por ellos mismos hace más de una década, cuando formaban mayoría en el Congreso.
El artículo que ha sido utilizado como base para la campaña del “gobierno espía” no ha sido modificado. Es exactamente el mismo que fue incluido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014, impulsada y aprobada por el entonces bloque gobernante conformado por prian, que establece que la información de los teléfonos móviles solo puede ser consultada por autoridades judiciales mediante orden de un juez. No hay cambio alguno. No hay innovación ni intrusión. Simplemente, la ley continúa como ellos la dejaron.
A pesar de eso, desde la tribuna legislativa y en redes sociales, las bancadas del PRI y el PAN acusan que se trata de una ley de corte autoritario, diseñada para censurar y espiar. Lo cierto es que lo que está en juego no es otra cosa que su propia memoria legislativa, porque critican hoy lo que ayer aplaudieron.
Mientras la narrativa opositora intenta infundir miedo, en el terreno legal lo que se ha hecho es fortalecer las herramientas de procuración de justicia, sin violentar garantías individuales ni derechos fundamentales. Autoridades han aclarado que ninguna colaboración entre operadores de telecomunicaciones y dependencias de seguridad podrá llevarse a cabo sin la autorización expresa de un juez, como ya lo contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Paradójicamente, quienes ahora denuncian vigilancia son los mismos que, en el pasado, recurrieron al espionaje político como arma de persecución. La historia reciente está plagada de casos de escuchas ilegales, intervenciones telefónicas, hackeos a correos electrónicos y vigilancia ilegal a periodistas y activistas, todo bajo gobiernos que hoy se presentan como garantes de la democracia.
Mientras la oposición acusa en el Senado sin pruebas y monta espectáculos mediáticos, como el despliegue de mantas con mensajes alarmistas, los legisladores oficialistas insistían en que estas reformas no solo consolidan un marco jurídico más moderno, sino que garantizan la seguridad sin vulnerar las libertades.
Además, el nuevo paquete legislativo busca proteger los derechos de las audiencias, estableciendo procedimientos claros para que los usuarios de radio y televisión puedan presentar quejas cuando consideren que se han difundido falsedades o contenidos ofensivos. Lejos de censurar, la norma busca que los medios masivos de comunicación también respondan ante la ciudadanía.
La Agencia de Transformación Digital también fue clara, al asegurar que no se trata de censura, ni de espionaje. Se trata de armonizar la legislación con los estándares constitucionales que ya existen. Si la oposición hoy grita “ley espía”, es porque quiere disfrazar su pasado, no porque la ley haya cambiado.
En este contexto, los señalamientos en contra del nuevo marco normativo resultan, por decir lo menos, hipócritas. Quienes ahora se rasgan las vestiduras por un supuesto riesgo a las libertades son los mismos que instauraron esa arquitectura legal, los mismos que usaron las herramientas del Estado para vigilar, perseguir y castigar voces disidentes.
