Desde el instante en que Norma Piña asumió la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su liderazgo se tornóen una especie de emblema de resistencia frente a los vientos transformadores que soplan desde el corazón de la Cuarta Transformación. En lugar de custodiar la balanza de la justicia, Piña ha alzado un muro que detiene el progreso, dejando a México al borde de una encrucijada en su destino democrático.
El señalamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum no hace sino confirmar esta narrativa. La Corte, bajo la égida de Piña, ha intentado bloquear el camino hacia la elección popular de jueces y magistrados, prevista para el primer día de junio. Más aún, al aceptar amparos que bloquean la transferencia de recursos de fideicomisos a la Tesorería de la Federación, Piña demuestra su voluntad de torcer la letra de la Constitución en beneficio de intereses oscuros. Las comisiones encargadas de evaluar aspirantes al Poder Judicial, detenidas sin asidero legal, son otra prueba de cómo el status quo se aferra al privilegio, incapaz de mirar más allá de sus propios muros.
Este sabotaje sistemático no es un capricho momentáneo, sino el eco de una estrategia bien calculada. Desde agosto de 2023, la ministra presidenta amenazó con desestabilizar el proceso de transición presidencial si no se cumplían sus exigencias presupuestarias. Un gesto que, en su esencia, revela el desprecio por la austeridad republicana y una disposición inquietante a jugar con la estabilidad del país para preservar su feudo de poder.
A lo largo de su mandato, Piña ha tejido una red de encuentros que, como hilos oscuros, enredan la independencia judicial en el pantano de la política. No pasó desapercibida la cena de diciembre de 2023, donde Piña compartió mesa con magistrados electorales, el líder priista Alejandro Moreno y el coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez. Una reunión donde los intereses políticos se confabularon con los judiciales, mostrando un rostro que no busca ocultar su parcialidad. Eso no lo debemos olvidar.
El daño, sin embargo, trasciende los encuentros en la penumbra. La liberación de figuras como Jesús Murillo Karam y actores del crimen organizado añade otra página sombría al libro de su gestión. Estas decisiones desatan no solo la ira popular, sino también la incertidumbre.
La Suprema Corte, bajo su liderazgo, ha invalidado 74 leyes y reformas que pretendían beneficiar a las mayorías olvidadas. Obras emblemáticas como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles han sido blanco de amparos que, más que proteger derechos, buscan frenar el impulso de un México que quiere renacer.
En un acto de vileza calculada, desde la Corte se filtró un expediente contra Arturo Zaldívar, exministro presidente y aliado de Sheinbaum. Este movimiento no solo exhibió una estrategia de descrédito político, sino también el intento desesperado de desviar la atención de los problemas reales: una corrupción enquistada y una justicia que no llega a los más vulnerables.
El panorama no puede ser más claro. La Corte ha dejado de ser un árbitro para convertirse en un jugador político, dispuesto a poner en jaque la estabilidad democrática de México. Incluso se asoma la amenaza de anular las elecciones de 2024, utilizando como excusa una supuesta “elección de Estado”. Esta intromisión es el punto álgido de una maquinaria judicial que opera en beneficio de la oposición y en detrimento del país.
En medio de estos conflictos, se alza la urgencia de reformar el Poder Judicial. Abrir las puertas de sus instituciones al voto popular es el primer paso para devolverle al pueblo la voz que nunca debió perder. Y junto con ello, ajustar el presupuesto de la Corte para garantizar que sirva a la justicia y no a la ambición de unos cuantos.
Norma Piña, con su reticencia al cambio, encarna el pasado que se resiste a desvanecerse. Pero el pueblo mexicano ha dejado claro que no dará marcha atrás.