Los ataques epistolares del expresidente Ernesto Zedillo contra la presidenta Claudia Sheinbaum han escalado en tono y contenido. En una tercera carta enviada en menos de una semana, el exmandatario priista lanza una ofensiva directa contra los proyectos insignia del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y reclama, una auditoría internacional independiente para evaluar el costo y los efectos económicos de la Refinería Olmeca, el Tren Maya y la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco.
Las críticas de Zedillo a la 4T iniciaron en septiembre pasado, tras criticar la elección popular del Poder Judicial y en la última semana arreció sus estrategia a través de la revista Letras Libres y Nexos.
Zedillo, quien encabezó el país entre 1994 y 2000, asegura que la Presidencia está “desviando la atención pública” al centrarse en el tema del rescate bancario de los años noventa —el polémico Fobaproa— y en su propio legado. Según el exmandatario, ese tema ya fue debidamente auditado y discutido en instancias legislativas y académicas, mientras que los proyectos del obradorismo “nunca han sido sometidos a una evaluación rigurosa, técnica y transparente”.
En su carta, Zedillo sugiere que se recurra a un auditor internacional con “impecable reputación profesional” para esclarecer lo que llama “tropelías” del sexenio anterior. Cuestiona duramente la destrucción del aeropuerto en Texcoco, la viabilidad de la refinería construida en Dos Bocas y la efectividad del Tren Maya. “La ciudadanía tiene derecho a saber cuánto costaron y qué beneficios se perdieron”, sostiene.
Pero más allá de los proyectos de infraestructura, Zedillo lanza una acusación más profunda: acusa al gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación de conducir una “transformación despótica” de la democracia mexicana, al instaurar lo que él describe como un nuevo régimen de partido hegemónico que erosiona las instituciones y vulnera la división de poderes. Lamenta que Sheinbaum, electa democráticamente, no esté —a su juicio— actuando en defensa de la democracia, sino contribuyendo a su “destrucción”.
La respuesta no tardó en llegar desde Palacio Nacional. Durante su habitual conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, rechazaron de forma tajante la versión de Zedillo sobre la transparencia del rescate bancario. Gómez aseguró que el informe del Fobaproa fue ocultado deliberadamente por el PRI y el PAN, entregado en formato encriptado y con múltiples llaves de acceso que impedían su consulta pública durante años.
“Dice Zedillo que se auditó el Fobaproa y que entregaron resultados… miente feo, miente feo”, declaró Gómez con contundencia. Aseguró que la llave de desencriptado en poder del PRI jamás fue entregada, y que, tras años de trabajo, el reporte finalmente pudo hacerse público. El informe reveló miles de millones de pesos en créditos que consideraban “delito o crimen”.
El conflicto de versiones pone nuevamente bajo la lupa el pasado financiero del país, pero también revela el uso político del legado económico de los expresidentes. Mientras Zedillo intenta colocar el foco en los costos de las obras emblemáticas de AMLO, el actual gobierno subraya los impactos a largo plazo del Fobaproa, un esquema que, a casi 30 años de su creación, sigue condicionando las finanzas públicas.
Según datos de la Secretaría de Hacienda, sólo en 2025 el Gobierno Federal tendrá que emitir 254 mil 400 millones de pesos en deuda para cubrir los pasivos del IPAB, el sucesor del Fobaproa. En el primer trimestre del año, el instituto pagó más de 107 mil millones de pesos entre capital e intereses derivados del rescate bancario impulsado durante el sexenio de Zedillo.
El choque entre versiones históricas y evaluaciones de gobierno apunta a convertirse en un eje de confrontación ideológica rumbo al nuevo sexenio.
