Desde la llegada de la ministra Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), su mandato ha estado marcado por la controversia, una narrativa que parece salida de una novela de intrigas y traiciones.
La historia de Piña, si se cuenta con detalle, es la de un retroceso disfrazado de una independencia del Ejecutivo federal que no existe. Una burla en la cara de cada mexicano. A su paso, las políticas que prometían combatir el nepotismo y acercar la justicia a los más vulnerables han quedado relegadas a un segundo plano, como hojas arrastradas por un viento implacable. La Escuela Judicial, por ejemplo, que debería ser un semillero de méritos y valores, se ha convertido, en un bastión de elitismo donde los hilos invisibles del favoritismo tejen tramas de poder.
Pero tal vez el golpe más doloroso ha sido el abandono del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Como una casa que una vez ofreció refugio a los desprotegidos, ahora parece haber cerrado sus puertas a quienes más lo necesitan. Y mientras la población vulnerable sufre este descuido, la Corte, bajo el liderazgo de Piña, parece inclinarse hacia las élites económicas y políticas, como un árbol que crece torcido hacia el sol de los privilegios.
Las decisiones judiciales en este periodo han reforzado la percepción de una justicia parcial, distante y, a menudo, ciega ante las necesidades del pueblo, como lo denunció el exministro Arturo Zaldívar, quien ya había advertido sobre el distanciamiento del Poder Judicial de los intereses de la ciudadanía.
El relato, sin embargo, se complica con los intentos de Piña por asumir el papel de víctima en su narrativa pública. En su informe de diciembre de 2024, denunció ataques contra el Poder Judicial, calificándolos de una “narrativa falsa e infundada”. Pero, como en toda buena historia, los hechos parecen contradecir sus palabras. Su cercanía con la oposición y su participación activa en movilizaciones que buscaban defender privilegios enmascarados bajo la bandera de la justicia ponen en entredicho su autenticidad.
Las cifras no mienten: De acuerdo con Sin Embargo, por cierto, más de 34 millones de pesos han sido destinados a publicidad oficial bajo su administración para reforzar su campaña contra la reforma judicial, se trata de un exceso, una ironía para una institución que debería ser ejemplo de austeridad y transparencia.
En mayo de 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que Sonia Vargas Terrero, coordinadora de Administración del Consejo de la Judicatura Federal (CFJ), estaba bajo investigación por su presunta relación con un desfalco asociado a la red de corrupción encabezada por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, quien en octubre de 2024, fue condenado a 38 años y 8 meses de prisión en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico. ¿De verdad Piña no sabía que era investigada por el Gobierno Federal?
Su decisión de contratar a Vargas, pese a las investigaciones en su contra, plantea serias interrogantes sobre las prioridades éticas del Poder Judicial. Mientras el expresidente López Obrador destapaba públicamente este entramado, el país observaba con asombro cómo la justicia parecía enredarse en sus propias contradicciones. Este episodio puso frente a los ojos de los mexicanos, la fragilidad institucional y la necesidad urgente de una regeneración que devuelva la credibilidad al sistema judicial mexicano.
Por estas razones, el mandato de Norma Piña se enfrenta a un desafío grande y urgente, y al mismo tiempo imposible, por su permanente campaña para retener los privilegios del Poder Judicial: recuperar la credibilidad de una institución que debería ser el pilar de la justicia en el país. Pero como dicen, el tiempo apremia, y la paciencia de la ciudadanía parece haberse agotado. La historia, que aún se escribe, deja abierta la pregunta: ¿podrá el Poder Judicial, bajo su actual liderazgo, redimirse y reencontrarse con su misión fundamental? O, como en tantas otras narrativas, ¿terminará atrapado en sus propias contradicciones, incapaz de escapar del destino que ha tejido con sus propias manos?
Por eso es necesaria una elección popular de jueces. México no puede seguir secuestrado por el Poder Judicial.