Nuevo paso hacia la investigación contra un magnate del país podría reactivar viejas controversias sobre evasión y privilegios judiciales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en su lista el proyecto que permitiría a la Unidad de Inteligencia Financiera acceder y analizar hasta diez años de información bancaria de Ricardo Salinas Pliego, solicitado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tras los Pandora Papers.
El proyecto del ministro Giovanni Figueroa Mejía propone declarar improcedente el amparo que había protegido al empresario y con ello dejar viva la facultad de la UIF sin resolver de fondo la constitucionalidad de las normas impugnadas. Si la Sala lo avala el próximo 9 de abril, la dependencia podrá utilizar los datos recabados en su investigación sobre posibles esquemas de evasión y lavado vinculados a empresas offshore, un expediente que suma casi tres años de litigios y recursos interpuestos por el propio afectado.
El caso suma tensiones políticas y jurídicas. Salinas Pliego cuestionó la improcedencia y pidió que sus argumentos sean respondidos puntualmente por la Corte; sus defensores han obtenido instrumentos procesales que retrasaron fallos, como la recusación que dejó fuera a una ministra por posibles sesgos. Aun así, la SCJN ya emitió resoluciones fiscales adversas este año que confirmaron créditos por casi 49 mil millones de pesos contra empresas del Grupo Salinas.
El empresario aprovechó durante años artilugios legales y decisiones previas del Poder Judicial para eludir sanciones, la decisión de la Corte significaría la posibilidad de que las autoridades financieras profundicen la indagatoria. La UIF, que actúa con facultades de supervisión y prevención de delitos financieros, obtuvo la información en diciembre de 2021 junto a la de otros 78 empresarios.
La votación en la Corte definiría si la investigación administrativa puede seguir su curso. Entre analistas y voces públicas crece la expectativa: algunos ven en el proyecto un paso hacia la rendición de cuentas; otros advierten que la pugna procesal y política continuará mientras el litigio no se dicte de fondo. La Corte decidirá pronto si abre la puerta a una pesquisa que muchos consideran inevitable.
