El panorama económico con el que México arranca la discusión del Paquete Económico 2026 es un retrato de contrastes. Mientras la inflación general repunta levemente en agosto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) plantea un esquema que combina nuevos impuestos especiales con un mayor endeudamiento para sostener el gasto público.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la inflación anual se colocó en 3.57 por ciento, frente al 3.51 de julio. Aunque el dato se mantiene dentro del rango objetivo del Banco de México, la inflación subyacente —la que marca tendencia de mediano plazo— se situó en 4.23 por ciento, reflejando presiones en alimentos, servicios y productos básicos. Este comportamiento pone de relieve que, pese a los esfuerzos de contención, los precios no ceden al ritmo esperado.
En paralelo, Hacienda entregó al Congreso la Iniciativa de Ley de Ingresos 2026, primer paquete económico completo de la administración de Claudia Sheinbaum Pardo. La propuesta descansa en tres pilares: mayores impuestos selectivos, ajustes en el déficit público y contratación de más deuda.
En materia tributaria, la dependencia plantea un incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en tabaco, bebidas azucaradas y productos con nicotina de nueva generación. También busca gravar las apuestas en línea, los videojuegos con contenido violento y reforzar la fiscalización a plataformas digitales y fintechs. Estos llamados “impuestos saludables y digitales” tienen un doble propósito, el de aumentar la recaudación y, según Hacienda, desalentar consumos dañinos.
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que los incrementos en impuestos a refrescos y tabaco se destinarán a un fondo de salud para atender enfermedades asociadas a su consumo. En la mañanera señaló que el jueves el gabinete de salud dará detalles sobre esta estrategia. Afirmó que los recursos recaudados irán directamente a dicho fondo.
Respecto al impuesto a videojuegos, indicó que está relacionado con temas de seguridad y adelantó que pronto se informará sobre el análisis de su contenido.
No obstante, las cuentas públicas revelan un problema estructural, ya que buena parte de los recursos frescos no se destinarán a inversión, sino a cubrir gastos ineludibles. Solo el costo financiero de la deuda representará un billón 572 mil millones de pesos, mientras que las pensiones absorberán otro billón 704 mil millones. Ambos rubros superan ampliamente el monto asignado a inversión física, calculado en 960 mil millones. En otras palabras, el país recurrirá a deuda para pagar deuda y para cubrir jubilaciones, un escenario que ya se anticipaba.
Hacienda solicitó autorización para contratar endeudamiento por un billón 472 mil millones de pesos, con lo que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público —la medida más amplia de la deuda— se ubicará en 52.3 por ciento del PIB en 2026. Si bien la administración promete un manejo responsable, el margen de maniobra fiscal se reduce y dependerá en gran medida de que el crecimiento económico repunte.
La paradoja es clara: mientras la expectativa de crecimiento para 2025 se ajustó a la baja (0.5–1.5 por ciento), Hacienda prevé una mejor dinámica para 2026, con un rango de entre 1.8 y 2.8 por ciento. El discurso oficial apela a la confianza en que la inversión pública estratégica y los programas sociales sostendrán la actividad económica. Sin embargo, la combinación de inflación persistente, impuestos adicionales y deuda creciente anticipa un camino cuesta arriba.
México entra así en un terreno conocido, porque financiará el presente con los compromisos del futuro. Lo previsible se confirma. El verdadero reto será que ese endeudamiento no se convierta en una losa que limite la capacidad de desarrollo en los próximos años.
