La decisión judicial de otorgar la suspensión condicional del proceso penal a uno de los implicados en un caso de alto impacto ha desatado críticas entre organizaciones sociales, que acusan un retroceso en la búsqueda de justicia para las víctimas. La medida legal, aunque contemplada por el sistema penal acusatorio, ha generado desconfianza y molestia entre colectivos que han acompañado el caso desde sus inicios.
De acuerdo con fuentes oficiales, el imputado fue beneficiado con esta figura jurídica, lo que implica que no enfrentará juicio penal siempre y cuando cumpla con ciertas condiciones impuestas por el juez. Esto ha sido interpretado por las organizaciones como una forma de impunidad legalizada, y como un mensaje desalentador para quienes han exigido castigo ejemplar a los responsables.
“Se ha priorizado el acuerdo y la reparación económica por encima del derecho a la verdad y la justicia”, expresó una representante de una de las asociaciones civiles que ha dado acompañamiento a las víctimas. “Esto es especialmente doloroso cuando se trata de delitos que involucran abuso de poder o afectaciones a personas vulnerables.”
Como si no fuera suficiente, el acto de perdón público que había sido anunciado como parte de la reparación simbólica también fue pospuesto del 16 de abril para el 2 de mayo. El evento estaba programado como un acto institucional de reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado, pero su aplazamiento ha sido interpretado como falta de voluntad política.
“Posponer el perdón público solo profundiza la herida. No basta con acuerdos legales o compensaciones económicas; las víctimas y sus familias necesitan actos claros de reconocimiento y compromiso”, sostuvo otra activista.
Aunque las autoridades no han emitido un comunicado oficial explicando las razones del aplazamiento, versiones extraoficiales indican que se busca evitar confrontaciones con sectores inconformes con la resolución judicial. La decisión ha sido duramente cuestionada, sobre todo porque el perdón público formaba parte de los compromisos asumidos por las instituciones en anteriores mesas de diálogo.
En este contexto, las organizaciones han advertido que continuarán movilizándose y denunciando públicamente lo que consideran una estrategia institucional para minimizar la gravedad de los hechos.
“No podemos permitir que este caso quede como un precedente de cómo desactivar la justicia con tecnicismos legales. Hay vidas afectadas, y cada decisión que se toma sin sensibilidad ni transparencia es una agresión más”, concluyó una representante legal de las víctimas.
Mientras tanto, el clima de inconformidad crece, y las redes sociales se han llenado de mensajes de indignación bajo etiquetas que exigen justicia y verdad. La suspensión condicional del proceso y el aplazamiento del perdón público parecen haber encendido de nuevo una llama que las autoridades no podrán apagar con comunicados diplomáticos.
Ya se va: Sheinbaum
El Gobierno federal confirmó que el próximo 1 de mayo se concretará el relevo en la titularidad del Instituto Nacional de Migración (INM), con la llegada de Sergio Salomón Céspedes en sustitución de Francisco Garduño, quien enfrenta señalamientos por su presunta responsabilidad en la muerte de 40 migrantes ocurrida en marzo de 2023, en una estación migratoria en Ciudad Juárez.
El anuncio fue hecho por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien defendió la legalidad de la suspensión condicional del proceso penal otorgada recientemente a Garduño. “Fue un proceso legal y a las víctimas siempre las vamos a atender”, declaró, en referencia a la decisión del Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Séptimo Circuito en Chihuahua, que avaló la medida.
La presidenta explicó que la demora en la transición del liderazgo del INM se debió a la sensibilidad del tema migratorio en la relación bilateral con Estados Unidos. “Es un proceso donde hubo mucho diálogo con Estados Unidos desde el inicio de la administración Trump; no queríamos que hubiera una transición en ese momento”, argumentó.
Según Sheinbaum, Garduño mantenía una estrecha relación con sus homólogos en Estados Unidos y Guatemala, lo que justificó su permanencia en el cargo hasta ahora. No obstante, afirmó que ya se realizó un proceso de capacitación para su sucesor, Sergio Salomón.
Por su parte, la Fundación para la Justicia —organización que ha acompañado a las familias de las víctimas de la tragedia en Ciudad Juárez— reiteró que la suspensión condicional del proceso implica que Garduño debe ofrecer una disculpa pública, la cual estaba originalmente prevista para el 16 de abril, pero fue reprogramada para el 2 de mayo de 2025.
Este cambio en el calendario ha generado nuevas críticas por parte de colectivos y organizaciones sociales, quienes ven en la postergación del acto un reflejo de la falta de voluntad política para reconocer la responsabilidad institucional del Estado mexicano en los hechos.
