Por más que las cifras generales de seguridad parezcan alentadoras, México enfrenta una paradoja dolorosa. Mientras los homicidios dolosos disminuyen, la extorsión sigue en aumento. Así lo confirmó el más reciente informe presentado durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, a cargo de la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa.
Según los datos oficiales, junio de 2025 cerró con una reducción del 24.5% en homicidios respecto a septiembre de 2024, último mes de la administración anterior. Pasamos de registrar 86.3 asesinatos diarios a 65.6. Es, de hecho, el mes de junio más bajo desde 2016. Esta tendencia representa un avance significativo y pone en evidencia que las estrategias de contención del homicidio están generando resultados en los estados. Incluso, por primera vez, Sinaloa superó a Guanajuato como la entidad con más homicidios, lo que sugiere una reconfiguración territorial de la violencia.
Sin embargo, en ese mismo informe, Marcela Figueroa advirtió que hay un delito que sigue creciendo, el de la extorsión. Y ese dato no puede ser minimizado. No se trata de un incremento aislado ni menor. Es el único delito de alto impacto que no ha podido reducirse y cuya expansión representa una amenaza directa al comercio local, al bienestar cotidiano y a la seguridad subjetiva de la población.
La extorsión es un delito que opera con bajo perfil, pero con alto impacto. Se alimenta del miedo, del silencio de las víctimas y de la debilidad institucional. Es también una práctica que se da con múltiples variantes: desde el cobro de piso, las llamadas telefónicas falsas, hasta las amenazas en redes sociales. A menudo ocurre sin dejar rastro físico, sin necesidad de armas o violencia directa, pero con efectos devastadores en la vida económica y emocional de quienes la padecen.
Frente a este panorama, la presidenta Sheinbaum no presentó una estrategia específica de seguridad hoy, pero sí firmó una iniciativa de reforma constitucional que busca otorgar al Congreso de la Unión la facultad para expedir una ley general sobre extorsión. Lo que se plantea es que el delito sea perseguido de oficio, es decir, sin que la víctima tenga que presentar denuncia formal ni exponerse públicamente. El Estado se reconocería como víctima directa de este delito, lo que permitiría asumir con mayor fuerza su combate.
La propuesta también apunta a establecer un tipo penal homogéneo en todo el país y a incorporar herramientas efectivas de investigación, coordinación interinstitucional, protección a víctimas y testigos, así como capacitación especializada. La consejera jurídica Ernestina Godoy detalló que esta reforma implicaría modificar el artículo 73 constitucional, fracción XXI, inciso A, para incluir la extorsión dentro del catálogo de delitos federales graves.
La intención es construir una respuesta más sólida y coordinada frente a un delito que, hasta ahora, se ha movido con demasiada libertad entre los vacíos legales, las debilidades estatales y el miedo ciudadano. No se trata de una medida menor. La homogeneización legal y la persecución de oficio podrían marcar un antes y un después, si se implementan correctamente.
Pero el reto es enorme. Aún falta articular mecanismos operativos, asegurar presupuestos, fortalecer capacidades locales y, sobre todo, generar confianza en la ciudadanía para que se anime a reportar. La línea 089, mencionada como canal de denuncia anónima, es útil, pero insuficiente si no hay seguimiento eficaz ni protección real.
