La empresa Supervisión Técnica del Norte S.A. de C.V. (STN), con sede fiscal en Ciudad de México, acumula contratos por más de mil 56 millones de pesos otorgados por la administración municipal encabezada por el alcalde Marco Antonio Bonilla Mendoza, únicamente por concepto de renta de unidades policiacas, incluyendo ampliaciones aprobadas por el Cabildo.
La cifra ha llamado la atención no sólo por su magnitud, sino porque la firma ha sido señalada en distintos puntos del país por presuntos actos de corrupción, adjudicaciones directas y contratos millonarios bajo procesos cuestionados.
Los contratos en Chihuahua
De acuerdo con documentos oficiales, el 20 de mayo de 2022, durante la primera gestión de Bonilla (2021-2025), se firmó el contrato C.M.-O.M.-22/2022/2 por 235 millones 459 mil 926 pesos para el arrendamiento de 77 patrullas por cuatro años. En esa licitación pública, STN fue la única empresa participante.
Posteriormente, el 1 de junio de 2023, se autorizó un convenio modificatorio para ampliar el contrato en 23 unidades adicionales, con un incremento superior a 53 millones 935 mil pesos. El monto total ascendió así a 289 millones 395 mil 105 pesos por 100 patrullas.
Más adelante, la Tesorería municipal reportó la firma del contrato O.M.-L.P.-55/2024 por 634 millones 766 mil pesos para el arrendamiento de 154 patrullas durante cuatro años. El 11 de febrero de 2026, el Cabildo aprobó una ampliación que elevó el monto a 767 millones 274 mil 760 pesos para aumentar el parque vehicular a 200 unidades. La decisión fue respaldada por PAN y PRI, mientras que Morena votó en contra.
La suma total de ambos contratos —con sus ampliaciones— alcanza 1,056 millones 669 mil 865 pesos. Cada patrulla representa un costo de 3 millones 836 mil 373 pesos por cuatro años, es decir, casi un millón de pesos anuales por unidad. Al término del contrato, ninguna patrulla formará parte del patrimonio municipal.
Además, la misma empresa fue beneficiada por la gobernadora María Eugenia Campos con un contrato por 526 millones 840 mil pesos para la compra de 80 camiones de combustión a diésel destinados al sistema BRT en Ciudad Juárez y Chihuahua, en un proceso donde también fue la única participante.
El impacto por habitante ha sido otro de los puntos de discusión. Mientras en Ciudad Juárez el costo fue de 141.24 pesos por persona, en Chihuahua asciende a 677 pesos por habitante, casi cinco veces más.
Denuncias y presuntas irregularidades en Torreón
Los cuestionamientos hacia STN no son nuevos. El 30 de abril de 2019, en Torreón, Coahuila, regidores del PRI denunciaron públicamente lo que calificaron como una “red de corrupción” por la asignación de contratos por más de 180 millones de pesos a favor de la empresa para la operación del Centro de Inteligencia Municipal (CIM), difundió el sitio Capital Coahuila.
La síndica Dulce Pereda y los ediles Isis Cepeda, Antonio Gutiérrez Jardón y Alfredo Mafud señalaron que STN, cuyo giro principal era el alquiler de vehículos, tenía registrado como domicilio una vivienda particular, por lo que la consideraron una “empresa fantasma”.
Entre los contratos otorgados en 2018 y 2019 figuraban la adquisición del sistema de radiocomunicación para seguridad pública por 25 millones 992 mil 925 pesos; compra de bienes para el CIM por 53 millones 825 mil 274 pesos; servicio integral de motocicletas por 7 millones 460 mil 866 pesos; así como administración de flotillas y equipamiento adicional por decenas de millones más.
El 3 de mayo de 2019, los regidores llevaron su denuncia ante el Congreso de Coahuila para que se investigaran presuntas irregularidades y posible peculado en el Ayuntamiento encabezado por Jorge Zermeño.
En noviembre de 2021, el portal Capital Coahuila informó que la Auditoría Superior del Estado había denunciado ante la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción una lista de proveedores, entre ellos STN, tras detectar 75 irregularidades en el ejercicio fiscal 2018 por un monto de 332 millones de pesos, incluido el Simas.
Las irregularidades señaladas incluían arrendamiento de vehículos que “no justifican pago”, domicilios que “no corresponden” y adquisiciones relacionadas con sistemas de radiocomunicación.
Pese a las denuncias, el Ayuntamiento de Torreón negó los señalamientos y afirmó que la empresa era proveedora del Municipio desde 2014, asegurando que su domicilio fiscal en Ciudad de México le permitía prestar servicios al estar registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Contratos federales bajo inconformidad
Más recientemente, el 15 de agosto de 2025, el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) adjudicó a STN un contrato de arrendamiento vehicular por dos años, correspondiente a la licitación pública LA-18-T0O-018T0O004-N-177-2025.
De acuerdo con un reportaje de Reporte Índigo, el fallo incluyó una partida principal de 250 camionetas pick-up de doble cabina. Sin embargo, la oferta presentada por STN para la segunda partida —150 millones 299 mil 25 pesos— superó en 56 millones 121 mil 525 pesos la propuesta más baja, presentada por otra empresa que fue descalificada.
Tras la resolución, algunas compañías anunciaron que interpondrían recursos de inconformidad ante el Órgano Interno de Control para solicitar la revisión o eventual anulación del fallo.
Debate abierto
Supervisión Técnica del Norte se presenta como una empresa dedicada a la administración de flotillas, mantenimiento vehicular, seguros y asistencia vial, con certificaciones como Great Place to Work México. No obstante, su historial de contratos públicos millonarios, en ocasiones como única participante o mediante procesos cuestionados, ha generado suspicacias.
En Chihuahua capital, el monto superior a mil millones de pesos destinado exclusivamente a la renta de patrullas ha intensificado el debate sobre la conveniencia del modelo de arrendamiento frente a la compra directa, especialmente cuando las unidades no pasarán a formar parte del patrimonio municipal.
Mientras tanto, las comparaciones de costo por habitante y los antecedentes de denuncias en otras entidades mantienen bajo escrutinio tanto a la empresa como a las autoridades que le han adjudicado contratos multimillonarios en distintos niveles de gobierno.
