La política migratoria de Estados Unidos ha cruzado una línea cada vez más difícil de justificar. Las denuncias por abusos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) contra migrantes, incluidos mexicanos, se acumulan y configuran un patrón que organismos internacionales ya califican como alarmante.
El Gobierno de México ha comenzado a escalar el tema en el terreno diplomático. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la presentación de una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las muertes de connacionales bajo custodia del ICE, un hecho que desde la Cancillería se ha descrito como “doloroso”, “desgarrador” e “inaceptable”.
Al menos 13 mexicanos han fallecido en operativos migratorios o dentro de centros de detención en Estados Unidos, en un contexto marcado por el endurecimiento de las políticas internas y el aumento de detenciones.
En enero pasado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lanzó una advertencia directa a Washington: existe una “deshumanización y trato dañino” hacia migrantes y refugiados. Las redadas, señaló, ocurren incluso en hospitales, escuelas, iglesias y domicilios, muchas veces sin más fundamento que la sospecha de una situación migratoria irregular.
La ONU documentó detenciones violentas, arrestos arbitrarios, expulsiones sin garantías y obstáculos sistemáticos para que los migrantes accedan a defensa legal. También advirtió sobre el impacto en las familias: niños que dejan de ir a la escuela por miedo a no volver a ver a sus padres, hogares fracturados por traslados sin información y procesos que ignoran la unidad familiar.
En ese contexto, la narrativa política interna estadounidense ha jugado un papel determinante. La criminalización de la migración ha permeado el discurso público, alimentando prácticas que tratan a las personas como amenazas antes que como sujetos de derechos. Para la ONU, esta retórica no sólo es inexacta, también es inhumana y contraria a los principios fundamentales de cualquier democracia.
El propio organismo internacional ha exigido investigaciones independientes por el aumento de muertes bajo custodia del ICE, así como mayor transparencia en los centros de detención. Los casos documentados revelan fallas estructurales que incluyen negligencia y posibles violaciones graves a derechos humanos.
El canciller Roberto Velasco señaló que uno de los ejes centrales de su gestión al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores será la protección de los mexicanos en el extranjero, con especial énfasis en lograr justicia para quienes han perdido la vida durante operativos del ICE.
Ttras su ratificación en el Senado, calificó como inaceptables estos fallecimientos y afirmó que se buscará esclarecer los hechos a fondo.
Indicó que el gobierno mexicano dará seguimiento al tema desde distintos frentes, incluyendo el ámbito legal, el acompañamiento a las familias de las víctimas y la utilización de mecanismos del sistema regional de derechos humanos.
