La historia reciente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no es otra cosa que una tragicomedia neoliberal en tres actos: la simulación, la corrupción y, finalmente, la desaparición. Con el telón cayendo sobre este órgano “autónomo”, queda una última escena que merece un análisis profundo: la revelación de que Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar, quien presidió el IFT entre el 2013 y 2020, fungió luego de su cargo como abogado de AT&T.
Este giro narrativo, digno de una novela de intriga política, deja al descubierto la compleja red de intereses, transas y complicidades que definieron la operación de este organismo.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dio la puntilla con sus declaraciones en la Mañanera del Pueblo de este 26 de diciembre, sobre las concesiones otorgadas de último minuto por el IFT, calificándolas de un “albazo”. Las irregularidades denunciadas sugieren que el instituto, lejos de cumplir con su misión de garantizar la competencia y evitar monopolios, se convirtió en un instrumento más al servicio de los gigantes del sector. Según la jefa del Ejecutivo federal, estas concesiones no procederán, pero su mera existencia subraya el modus operandi de un organismo que, en lugar de regular, administró favores.
El caso de Contreras Saldívar es paradigmático. Su salto del IFT a las filas de AT&T no solo es cuestionable por el evidente conflicto de interés, sino también por lo que simboliza: la consolidación de las puertas giratorias entre el sector público y el privado. Durante su gestión, el IFT tomó decisiones que beneficiaron directamente a AT&T y a otros gigantes como América Móvil. Algunos medios documentaron condonaciones de multas que ascienden a cifras escandalosas: 428 millones de pesos a AT&T y más de 22 mil millones a América Móvil. Estas resoluciones, disfrazadas de legalidad, no son sino una muestra más del sometimiento del órgano regulador a los intereses de los monopolios.
El propio presidente Andrés Manuel López Obrador denunció en 2022 que el IFT estaba “tomado por las empresas monopólicas”. Su crítica vuelve a cobrar relevancia a la luz de los últimos acontecimientos. Las audiencias entre altos mandos del IFT y representantes de AT&T, documentadas en diciembre de 2022, revelan una cercanía que va más allá de lo profesional. Una videoconferencia de 25 minutos fue suficiente para que los comisionados del IFT cedieran en temas clave, demostrando que las decisiones trascendentales para el país se tomaban con la misma ligereza con la que se pasa un archivo de Power Point.
La narrativa oficial justifica la desaparición del IFT como parte de un esfuerzo por eliminar órganos autónomos que, según Sheinbaum y López Obrador, no solo fracasaron en su cometido, sino que se convirtieron en cúmplices de un modelo de saqueo institucional. Y aunque esta evaluación tiene méritos, también deja un sabor amargo: la falta de consecuencias reales para quienes protagonizaron este escándalo. Contreras Saldívar no está solo; forma parte de una generación de tecnócratas que, bajo el manto de la “autonomía”, utilizaron sus cargos para beneficiar a unos cuantos y perpetuar la desigualdad.
La maraña de intereses alrededor del IFT incluye también a los legisladores que lo crearon y lo protegieron. Como denunció López Obrador, los órganos autónomos nacieron bajo el modelo neoliberal para desmantelar al Estado y entregar funciones clave al mercado. En el caso del IFT, esto se tradujo en un sistema que fomentó la concentración del poder económico en unas pocas manos. El concepto de “preponderancia”, creado supuestamente para limitar a los grandes jugadores del sector, terminó siendo un eufemismo que legitimó su hegemonía.
Sin embargo, la desaparición del IFT no garantiza por sí misma un cambio positivo. Aunque el gobierno ha prometido crear un organismo descentralizado para garantizar la competencia económica, el éxito de esta iniciativa dependerá de su diseño y ejecución. La corrupción no se erradica simplemente eliminando estructuras; se requiere una voluntad política que trascienda las palabras y se traduzca en acciones concretas.
El caso del IFT nos recuerda los riesgos de la autonomía mal entendida. En su breve pero tumultuosa historia, este organismo pasó de ser un emblema de modernidad a un símbolo de todo lo que está mal en el sistema político y económico mexicano. La conexión entre Contreras Saldívar y AT&T, así como las concesiones de último minuto, deben investigarse a fondo, no solo para sancionar a los responsables, sino también para enviar un mensaje claro: el servicio público no puede seguir siendo un trampolín para intereses privados.
