Washington lo volvió a hacer. Bajo el discurso de proteger la seguridad nacional y la competitividad industrial, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que incrementa de 25 a 50 por ciento los aranceles a las importaciones de acero y aluminio, afectando directamente a socios estratégicos como México. La medida comenzó a aplicarse este miércoles y ya genera reacciones que escalan del desconcierto a la indignación.
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó la decisión como “injusta, sin sustento legal y completamente insostenible”, señalando que México, lejos de representar una amenaza comercial, importa más acero y aluminio de Estados Unidos del que exporta. “No hay un desequilibrio que justifique la medida”, subrayó, desmontando la narrativa trumpista sobre supuestos excesos de importación.
Pero el problema no es sólo económico, ya que la imposición arancelaria, que excluye únicamente a Reino Unido, es un nuevo golpe a la estabilidad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en cuya vigencia se sustentan múltiples cadenas productivas, especialmente en la industria automotriz y de la construcción. Según Sheinbaum, la medida representa una afectación directa a la planta productiva mexicana, que ya había asumido recortes en importaciones de otras regiones para equilibrar el flujo comercial.
Lejos de buscar una confrontación, Sheinbaum apostó por el diálogo. Aseguró que su gobierno mantendrá negociaciones con la administración de Trump anticipó una reunión con las cámaras de acero y aluminio para este mismo miércoles, además de gestiones encabezadas por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en Washington. “No se trata de venganza, sino de proteger nuestros empleos y nuestra industria”, puntualizó.
México depende de la estabilidad comercial con su vecino del norte, pero también ha aprendido a reconocer los patrones del trumpismo, como las decisiones abruptas, medidas proteccionistas con tinte electoral y el uso político de la política exterior. No es la primera vez que Trump recurre a este tipo de acciones justo en estados clave como Pensilvania, donde realizó el anuncio rodeado de trabajadores acereros. La coincidencia con el calendario electoral estadounidense no es accidental.
La orden ejecutiva, argumenta la Casa Blanca, “contrarrestará más efectivamente a los países que continúan descargando el exceso de acero y aluminio a precios bajos, lo que socava la competitividad nacional”. Sin embargo, esta lógica se tambalea cuando se analiza el caso mexicano, donde la balanza de estos productos no favorece a nuestro país.
En opinión de la presidenta Sheinbaum, la medida no sólo carece de base legal en el marco del T-MEC, sino que contradice la misma retórica de seguridad nacional que Estados Unidos ha esgrimido. “Ayer mismo la vocera de la Casa Blanca dijo que hay muy buena colaboración con México en temas de seguridad, incluida la frontera”, recordó, evidenciando una contradicción en la narrativa oficial del país vecino.
La presidenta adelantó que el Gobierno tomaría medidas para protegerse la siguiente semana.
“Es una decisión injusta que encarece todo y afecta a ambas naciones. Queremos diálogo, pero no permitiremos el atropello”, reiteró Sheinbaum en la Mañanera del Pueblo
Lo que está en juego no es sólo un flujo de comercio, sino la relación entre dos naciones que, pese a sus tensiones históricas, han construido una integración productiva sin precedentes. La medida de Trump, más que proteger empleos en Estados Unidos, podría provocar una desaceleración en sectores estratégicos de ambos lados de la frontera.
