Lo que ocurrió en el Senado con el llamado Plan B de la reforma electoral ya tiene consecuencias que van más allá del ámbito legislativo. La decisión del Partido del Trabajo (PT) de eliminar la revocación de mandato, uno de los puntos centrales de la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, no solo evidenció tensiones dentro de la coalición, sino que desató una reacción inmediata entre simpatizantes de la Cuarta Transformación.
Durante la votación, anoche, el PT acompañó la reforma en lo general junto a Morena y el Partido Verde, pero se separó del artículo 35 mediante una reserva que terminó por eliminar la posibilidad de que la revocación de mandato se realizara en 2027, junto con la elección intermedia. La postura, defendida por su dirigente nacional, Alberto Anaya, contrastó con el discurso de respaldo al movimiento y fue celebrada por legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano.
Desde el Ejecutivo federal, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció hoy que, aunque la reforma conserva elementos importantes como la reducción de gastos en organismos electorales, la disminución de regidores y el recorte a privilegios, la eliminación de la revocación de mandato representa un retroceso. “No es bueno para el país”, afirmó, al cuestionar los argumentos utilizados para frenar este mecanismo de participación ciudadana.
Sin embargo, la reacción más visible no se quedó en el ámbito institucional. En redes sociales, el PT comenzó a enfrentar un rechazo contundente. En una publicación difundida recientemente por el propio partido, cerca de 800 comentarios reflejaron el descontento de usuarios, de los cuales al menos 785 fueron negativos. Entre las respuestas predominan críticas severas, señalamientos de traición al movimiento y advertencias claras de que el voto en 2027 podría pasar factura.
Este escenario marca un punto de inflexión para el PT dentro de la 4T. Aunque su dirigencia insiste en mantener la alianza hasta 2030, la decisión de apartarse de un eje clave de la reforma presidencial ha modificado la percepción entre las bases del movimiento. La narrativa de unidad y lealtad quedó debilitada en un momento político relevante.
Mientras tanto, el debate sobre el futuro de la coalición permanece abierto. La propia presidenta ha señalado que corresponderá a los partidos definir si continúan juntos, en un contexto donde ya se han aprobado reformas de gran calado en conjunto, como la del Poder Judicial, la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena y cambios en materia energética.
