Las aguas políticas volvieron a agitarse tras la notificación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación envió al Servicio de Administración Tributaria sobre el adeudo fiscal del empresario Ricardo Salinas Pliego. Con ese documento ya en manos de la autoridad hacendaria, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que su gobierno explicará públicamente el procedimiento que seguirá el cobro, con el argumento de que la ciudadanía debe conocer cada paso.
La mandataria subrayó que no se trata de un asunto político, sino de la aplicación de la ley. Recordó que el litigio se prolongó durante quince años y que, una vez que la Corte resolvió, corresponde al Estado hacer valer lo decidido. Para la Presidenta, esa resolución constituye un acto de justicia y un ejemplo claro del estado de derecho. “La Corte ya tomó una decisión y se tiene que cumplir”, reiteró.
Desde su perspectiva, la discusión se ensucia cuando se pretende convertir el caso en un arma partidista. Señaló que su administración no ha recurrido a esa estrategia, pero sostuvo que es necesario fijar postura ante intentos de distorsionar un proceso legal.
El señalamiento más reciente provino del PAN, que sugirió incluso la posibilidad de respaldar políticamente a Salinas Pliego, un movimiento que Sheinbaum interpretó como parte de un viraje hacia posiciones más extremas dentro de ese partido.
A juicio de la Presidenta, ese empuje hacia la derecha no es casual y responde a un clima internacional en el que agrupaciones conservadoras buscan recuperar viejas narrativas.
Advirtió que, detrás de ese discurso, se esconde una añoranza del orden porfirista y una visión que históricamente ha recelado de la democracia y las libertades. Recordó los precedentes latinoamericanos donde los golpes de Estado eliminaron cualquier forma de participación plural.
El gobierno federal, afirmó, seguirá adelante con el proceso legal y hará público el camino que seguirá el SAT para garantizar el cobro del adeudo. Para la administración actual, el mensaje es simple: el cumplimiento de la ley no depende del tamaño económico o mediático de la persona involucrada, y debe sostenerse frente a quienes intentan politizarlo.
