A partir de ayer comenzaron las acciones del gobierno federal para recuperar el agua que fue indebidamente privatizada y utilizada para fines personales por el exgobernador de Chihuahua, César Duarte. Así lo informó la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina.
La mandataria explicó que, durante su gestión, Duarte construyó obras que permitían el acaparamiento del agua en beneficio de un rancho de su propiedad. Por esta razón, y con base en una orden judicial, el gobierno federal fue autorizado a demoler dichas obras para terminar con el uso ilegal del líquido.
“Esta agua es propiedad de la Nación”, subrayó Sheinbaum, y añadió que no solo se trata de recuperar el recurso, sino también de emprender una denuncia penal en contra del exmandatario estatal por su uso indebido.
La presidenta enfatizó que estas acciones son especialmente relevantes en un estado como Chihuahua, donde existen fuertes carencias de agua. Señaló además que el agua acaparada también formaba parte del volumen utilizado para cumplir con el tratado vigente con Estados Unidos, que establece una entrega anual del recurso por parte de México.
La semana pasada, el fallo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito indicó que la defensa del exgobernador no presentó ningún título de concesión para el uso de aguas nacionales.
De acuerdo con la resolución que permitió al gobierno de Sheinbaum recuperar el agua para los chihuahuenses, se afectaba el interés social y contravenía el orden público.
El pasado 28 de mayo, el gobierno federal reveló el uso ilegal de agua en el rancho El Saucito. Durante la conferencia matutina, la presidenta informó que se presentaría una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) documentara graves irregularidades, en las que el priista construyó sin permiso cinco represas, una presa principal y un pozo con el fin de acaparar más de 700 mil metros cúbicos de agua para beneficio personal.
La acusación marcó un nuevo capítulo en la revisión de actos de corrupción en torno al manejo de recursos naturales, pues el volumen de agua que Duarte almacenaba de forma ilegal no solo violaba la normatividad nacional, sino que también afectaba compromisos internacionales de México, como el Tratado de Aguas de 1944 con Estados Unidos. “Esto no es menor”, subrayó Sheinbaum desde Palacio Nacional en mayo, al recordar que una parte del caudal sustraído ilegalmente pertenece a esa cuenca binacional, cuya gestión ha sido fuente de tensiones diplomáticas en los últimos años.
Efraín Morales, director general de Conagua, dijo en ese entonces que el operativo en El Saucito se llevó a cabo tras agotar un procedimiento administrativo que derivó en la demolición de las estructuras hidráulicas construidas sin autorización. “Durante su gestión, lo que hizo el exgobernador fue un apoderamiento ilegal del recurso hídrico, en un predio de cientos de hectáreas donde instaló infraestructura para uso exclusivo”, detalló el funcionario.
Sin embargo, el proceso de demolición enfrentó obstáculos judiciales. En menos de 24 horas, una jueza concedió una suspensión provisional solicitada por personas que se identificaron como familiares de Duarte. “Es la misma jueza que bloqueó la distribución de los libros de texto en Chihuahua”, denunció Morales, al tiempo que dejó entrever posibles vínculos entre el poder político local y sectores del Poder Judicial.
Conagua informó que también existe un pozo dentro de la propiedad del exmandatario y que se encuentra en curso una revisión nacional de concesiones. “Hemos clausurado más de 250 puntos en todo el país por uso irregular del agua”, afirmó Morales.
Además, Sheinbaum denunció que durante el sexenio anterior se perdió información clave sobre permisos de agua a causa de un incendio ocurrido en un piso de las oficinas centrales de Conagua. “Casualmente, ese piso albergaba los registros de las concesiones”, señaló la presidenta, sugiriendo que la pérdida de datos podría haber sido deliberada.
