El llamado Plan B de la reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum busca poner freno a los privilegios que, durante años, han caracterizado a distintas estructuras políticas en el país. Tras el rechazo a su iniciativa inicial, la mandataria anunció que el próximo lunes enviará al Congreso una nueva propuesta enfocada en reducir gastos excesivos en congresos locales y gobiernos municipales.
Sheinbaum explicó que uno de los ejes centrales del plan es establecer un tope máximo al presupuesto que reciben los congresos estatales y los regidores municipales, con el objetivo de eliminar disparidades y reducir gastos que consideró injustificados. De acuerdo con la presidenta, esta medida permitiría liberar alrededor de cuatro mil millones de pesos, recursos que no se transferirían al Gobierno federal, sino que permanecerían en estados y municipios para atender necesidades locales.
La mandataria ejemplificó los altos costos que actualmente representan algunos congresos locales. Señaló que en Baja California, con 25 diputados, el gasto alcanza 34.8 millones de pesos por legislador; en Morelos, 31.8 millones; en Colima, 5.1 millones; y en Campeche, 6.1 millones. En ese contexto, cuestionó que haya legisladores que perciban hasta siete veces más recursos que otros, lo que evidenciaría una falta de criterios homogéneos en el uso del presupuesto público.
“Yo espero que pase, si no pasa, tampoco pasa nada, pero nosotros tenemos un mandato, una convicción y un principio: no se nos olvida de dónde venimos”, dijo la mandataria.
Otro de los puntos que contempla el Plan B es revisar el número y los salarios de los regidores en los ayuntamientos, ya que, según la presidenta, en algunos municipios existen cargos con remuneraciones elevadas e incluso bonos adicionales. Como ejemplo mencionó que en Acapulco hay 20 regidores, en Monterrey 28 y en Puebla 23, además de municipios que cuentan con hasta tres síndicos.
La propuesta también plantea ampliar los mecanismos de consulta pública, de modo que la ciudadanía pueda opinar sobre temas electorales, como el monto del financiamiento que reciben los partidos políticos. Asimismo, se busca que el ejercicio de revocación de mandato se realice en el tercer o cuarto año de gobierno.
