La confrontación entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, escaló esta semana y abrió nuevamente el debate sobre la forma en que algunos magnates utilizan sus medios de comunicación para influir en la opinión pública y blindar sus intereses económicos.
El empresario, propietario de TV Azteca, Banco Azteca y Elektra, llamó “gobiernícola” a la mandataria y la amenazó con demandarla tanto en México como en Estados Unidos. La respuesta de Sheinbaum fue inmediata: acusó a Salinas de difamarla “todos los días” desde sus redes sociales y su televisora, al tiempo que lanzó preguntas incómodas que evocan episodios polémicos de la historia reciente.
“¿Por qué no se investiga cómo compró la televisora? ¿Cuánto fue beneficiado por el Fobaproa? ¿Cómo adquirió ADN40 y parte de Mexicana?”, cuestionó en su conferencia matutina, dejando en claro que detrás del enfrentamiento personal existe un tema de fondo: la falta de transparencia en el origen y consolidación de uno de los grupos empresariales más poderosos del país.
La polémica se intensificó después de que Bloomberg revelara que Salinas Pliego pagó una fianza de 25 millones de dólares en Nueva York para evitar la cárcel, derivado de un litigio con AT&T por la venta de una telefónica con presuntas deudas ocultas. La presidenta no dejó pasar el dato y, con ironía, agregó: “Toma chocolate, paga lo que debes. A todos”.
La figura de Salinas Pliego, sin embargo, no es ajena a los cuestionamientos. Su nombre aparece ligado al rescate bancario del Fobaproa, a las acusaciones por prácticas monopólicas y a los recurrentes beneficios fiscales obtenidos en distintos gobiernos. En paralelo, utiliza sus plataformas mediáticas para atacar a adversarios políticos y moldear narrativas en su favor, sin que exista un contrapeso regulatorio efectivo.
Lo ocurrido esta semana expone, más allá del choque verbal, un dilema democrático: ¿hasta qué punto un empresario con influencia mediática y poder económico puede colocar la difamación y la amenaza judicial como instrumentos para defender sus privilegios? Y, sobre todo, ¿qué significa para la rendición de cuentas en un país donde aún pesan los rescates millonarios y las fortunas construidas al amparo del Estado?
