El Gobierno federal busca poner freno a las pensiones millonarias que actualmente reciben ex funcionarios de alto nivel en empresas y organismos públicos. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el próximo lunes enviará al Senado una iniciativa de reforma constitucional para establecer un tope a estas jubilaciones, con el argumento de que representan una carga excesiva para las finanzas públicas.
La propuesta modifica el artículo 127 de la Constitución con el objetivo de limitar las pensiones de ex trabajadores de confianza en empresas productivas del Estado, organismos descentralizados, fideicomisos públicos, banca de desarrollo y otras entidades con participación estatal. De aprobarse, ninguna de estas pensiones podrá superar el 50 por ciento de la remuneración de la persona titular del Ejecutivo federal, es decir, alrededor de 70 mil pesos mensuales.
La mandataria aseguró que la medida permitiría un ahorro estimado de cinco mil millones de pesos, recursos que serían canalizados a programas sociales. Subrayó que la reforma no aplicará de manera retroactiva y tampoco afectará las pensiones establecidas en contratos colectivos de trabajo ni las correspondientes a ministros.
Durante la presentación de la iniciativa, la consejera jurídica de la Presidencia, Estela Damián, señaló que el planteamiento responde a los principios de austeridad republicana y responsabilidad financiera, al buscar eliminar privilegios en el sistema de jubilaciones de altos mandos.
Por su parte, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, detalló algunos casos que motivan la reforma. Indicó que en la extinta Luz y Fuerza del Centro existen más de 14 mil jubilados, con un costo anual superior a 28 mil millones de pesos, y que miles de ellos perciben montos que van de 100 mil a un millón de pesos mensuales.
En Petróleos Mexicanos, agregó, más de 500 pensionados reciben ingresos superiores a los de la Presidenta, mientras que en la Comisión Federal de Electricidad más de dos mil jubilados superan esa referencia salarial. También mencionó casos en la banca de desarrollo como Nacional Financiera, Banobras y Bancomext, donde se registran pensiones por encima de la percepción neta del Ejecutivo federal.
La Presidenta enfatizó que la iniciativa no afecta a trabajadores sindicalizados ni a quienes se rigen por contratos colectivos, sino exclusivamente a ex funcionarios de alto nivel que continúan recibiendo, con cargo al erario, pensiones que calificó como onerosas. El proyecto será turnado al Senado para su discusión en los próximos días.
