Las acusaciones sobre presuntos vínculos con el crimen organizado que dirigentes del PAN han lanzado contra Cruz Pérez Cuéllar llegaron al Instituto Estatal Electoral (IEE), luego de que el coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en Chihuahua presentara denuncias por presunta calumnia electoral.
Las acciones legales están dirigidas contra Daniela Soraya Álvarez Hernández, presidenta estatal del PAN, y Joceline Vega Vargas, diputada local y presidenta del Congreso del Estado, a quienes el morenista señala por atribuirle públicamente supuestas relaciones con actividades criminales sin presentar pruebas que sustenten sus afirmaciones.
De acuerdo con los escritos entregados el 13 de octubre, ambas políticas han utilizado expresiones como “el narco coordinador” y han afirmado que Pérez Cuéllar mantiene una “relación directa” con el crimen organizado, señalamientos que el denunciante rechaza categóricamente.
El coordinador morenista consideró que estas declaraciones forman parte de una estrategia política encaminada a perjudicar su imagen pública ante la proximidad del proceso electoral local 2026-2027.
“Es un tema que no podemos dejar pasar, porque tiene que ver con la dignidad, con mi familia, con mi esposa y mis hijos, con quienes creen en nuestro proyecto”, expresó Pérez Cuéllar.
Agregó que las acusaciones tienen una intención electoral y aseguró que durante su trayectoria política nunca había enfrentado señalamientos de esa naturaleza.
En las denuncias, Pérez Cuéllar solicitó al IEE la aplicación urgente de medidas cautelares, incluida la tutela preventiva, con la finalidad de evitar que las expresiones denunciadas continúen reproduciéndose mientras se determina si constituyen una infracción electoral.
Asimismo, anunció que prepara acciones legales por la vía civil para reclamar una posible reparación por daño moral, al considerar que las declaraciones afectan su reputación personal y familiar.
El morenista sostuvo que el PAN busca desacreditarlo ante la ciudadanía mediante acusaciones que, desde su perspectiva, pretenden influir en las preferencias electorales de los chihuahuenses.
Con la presentación de estas denuncias, el enfrentamiento político entre Pérez Cuéllar y las representantes panistas pasa al ámbito jurídico, donde corresponderá a las autoridades electorales examinar las expresiones denunciadas y determinar si existen elementos para configurar una infracción por calumnia electoral.
Por ahora, las acusaciones y la solicitud de medidas cautelares deberán seguir el procedimiento correspondiente ante el IEE, organismo encargado de valorar los argumentos y las pruebas que presenten las partes involucradas.
