A las 11:20 de la mañana, cuando el termómetro marcaba apenas nueve grados centígrados y el viento corría sin prisa por el Centro Histórico, alrededor de ocho funcionarios municipales de la Tesorería aparecieron caminando por la banqueta de la calle 5 de Mayo. Vestían chamarras negras, portaban gafetes oficiales y avanzaban con paso firme hacia el edificio del Comité Municipal del Partido Acción Nacional (PAN), ubicado en el cruce con la avenida 16 de Septiembre. El clima era frío; la temperatura política, no.
El inmueble que durante años fue escenario de celebraciones panistas —victorias locales, estatales y nacionales festejadas en la vía pública— ahora estaba rodeado de reporteros, cámaras y micrófonos. Esperaban la entrega de la notificación oficial por un adeudo de 9.5 millones de pesos correspondiente al impuesto Predial acumulado durante casi dos décadas.
Minutos antes, no más de una decena de simpatizantes del PAN había colocado en la fachada varias cartulinas verdes con consignas que denunciaban presuntos actos de corrupción del Gobierno Municipal. El gesto fue discreto, casi simbólico, pero suficiente para subrayar el ambiente de confrontación que se respiraba en el lugar.
Los trabajadores de Tesorería fueron recibidos en la puerta principal por personal del instituto político. Dentro del edificio, el dirigente local del PAN, Ulises Pacheco, aguardaba el desarrollo del procedimiento. No hubo gritos ni empujones, pero sí miradas tensas y silencios largos.
A las 11:25 horas, el secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, cruzó la avenida 16 de Septiembre de sur a norte, acompañado del director de Comunicación Social, Carlos Nájera. Se detuvo unos minutos en la banqueta, ajustó el saco de cuadros y ofreció una breve entrevista banquetera.
Ortiz Orpinel explicó que el adeudo corresponde a tres propiedades: el edificio principal del PAN sobre la avenida 16 de Septiembre, un estacionamiento ubicado frente al inmueble y otra propiedad situada detrás del canal, justo en la parte posterior del edificio central. En conjunto, precisó, suman 9 millones 529 mil pesos.
Luego Ulises Pacheco, finalmente salió para dar un mensaje político acusando al Gobierno Municipal de supuestos hechos de corrupción. Se le veía nervioso, con una corbata rosa con un nudo hecho de prisa, camisa blanca y una gabardina negra.
El tema había regresado al centro del debate público desde el día anterior, cuando el alcalde Cruz Pérez Cuéllar advirtió que el PAN se ha negado durante años a regularizar el pago del predial de varios de sus inmuebles. Durante su conferencia semanal, el presidente municipal detalló que el rezago se arrastra desde 2005 y subrayó que, pese a contar con recursos públicos suficientes, el partido no ha mostrado voluntad para ponerse al corriente.
Recordó, además, que tan solo en el último año el PAN recibió alrededor de 54 millones de pesos en prerrogativas otorgadas por el Instituto Nacional Electoral, lo que —a su juicio— vuelve injustificable el incumplimiento fiscal frente a una ciudadanía que, en su mayoría, cumple puntualmente con esta obligación.
Por la tarde, el dirigente panista Ulises Pacheco avivó la polémica al asegurar que el adeudo se originó cuando Pérez Cuéllar militaba en Acción Nacional y dirigía el partido, versión que fue desmentida minutos después en redes sociales por el titular de Comunicación Social, Carlos Nájera, quien exhibió datos y fechas oficiales.
La tensión escaló alrededor de las 20:35 horas, cuando el alcalde difundió un video en sus redes sociales. Con tono molesto, afirmó que “la verdad que son chingaderas que mientras las familias están trabajando y aportando para tener una mejor ciudad, estos abusones, estos vividores del PAN le deben a la ciudad”, y advirtió que, de no pagar, se procedería al embargo y remate de las propiedades. Aseguró que no descansará hasta que ese recurso sea recuperado para invertirlo en beneficio de las y los juarenses.
La noche cerró con el clima político en su punto más alto. Y así amaneció la ciudad. Este día, el Gobierno Municipal amplió el operativo de notificaciones e incluyó al Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señalado por un adeudo de 5.4 millones de pesos en predial.
Tras concluir el procedimiento con el PAN, Ortiz Orpinel informó que el partido puede solicitar descuentos o convenios, como cualquier contribuyente, y que su dirigente cuenta con un plazo de 30 días para comparecer ante las autoridades municipales.
A las 11:50 de la mañana, los funcionarios se trasladaron al edificio del PRI, ubicado en el cruce de Lerdo y Alberto Balderas. La puerta principal estaba cerrada y el acceso se realizó por un portón lateral.
El recorrido por el inmueble dejó ver goteras, plafones vencidos y un evidente deterioro, testimonio silencioso de otros tiempos. El edificio despedía un olor a soledad y a humedad. Se nota que no hay mucho tráfico en su interior.
El baño también mostraba abandono, ni jabón, mi toallas y menos papel sanitario.
El dirigente priista Alejandro Domínguez, con la chamarra roja con la que casi siempre aparece en eventos públicos recibió a la comitiva en la Sala de Juntas entre bromas y comentarios irónicos. “¿Subieron corriendo, verdad? No, no corran”, dijo riéndose para ocultar algo del nerviosismo que se asomaba en su rostro.
Tras el acto protocolario, cuestionó la notificación y sugirió que el Gobierno Municipal mantiene un conflicto con otra institución panista. La razón, sin embargo, era concreta: el PRI debe más de 5.3 millones de pesos en predial.
Domínguez aseguró que revisarán la respuesta legal con cautela, no sin antes lanzar una advertencia: “el que se lleva, aguanta”. Mientras tanto, la política juarense seguía su curso, con cuentas pendientes, edificios viejos y un ambiente que, pese al frío, sigue ardiendo.
