Cruz Pérez Cuéllar solicitó a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) publicar la grabación completa de la sesión de Consejo realizada el 29 de octubre, así como el acta y los documentos entregados a los consejeros.
El coordinador estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía en Chihuahua dirigió el llamado al director ejecutivo del organismo, Marco Alberto Paredes Arroyo, luego de cuestionar que el video de la reunión ya no se encuentre disponible en YouTube.
Pérez Cuéllar afirmó que, si el director considera que la sesión se desarrolló con transparencia, debe poner a disposición de la ciudadanía el material íntegro y sin cortes.
También pidió una explicación pública sobre la situación de la transmisión y sostuvo que las decisiones relacionadas con las plantas de tratamiento y los compromisos financieros de la JMAS deben ser revisadas por la ciudadanía.
El coordinador cuestionó, además, la propuesta de destinar 45 millones de pesos mensuales al mantenimiento de dos plantas tratadoras. De aprobarse, indicó, el gasto ascendería a 540 millones de pesos anuales.
Como referencia, expuso que anteriormente el organismo destinaba 33 millones de pesos mensuales al mantenimiento de tres plantas, equivalente a 396 millones de pesos al año.
De acuerdo con la comparación presentada, el nuevo esquema representaría 144 millones de pesos adicionales anuales, aunque contemplaría dos plantas en lugar de tres.
El promedio mensual por planta pasaría de 11 millones a 22.5 millones de pesos. En términos anuales, el costo promedio aumentaría de 132 millones a 270 millones de pesos por instalación.
Pérez Cuéllar también señaló que el compromiso financiero se plantearía por un periodo de 15 años. Con base en el presupuesto anual de 3 mil 800 millones de pesos atribuido a la JMAS, los 540 millones representarían aproximadamente 14.2 por ciento de esos recursos cada año.
En otro tema, pidió al PRI y al PAN explicar las decisiones que tomaron respecto al Residencial Gardeno cuando estuvieron al frente del gobierno municipal.
Planteó revisar el expediente completo para conocer qué se autorizó, qué estudios respaldaron la modificación y qué condiciones se establecieron para proteger a las familias.
Pérez Cuéllar señaló que esa revisión permitiría esclarecer el alcance de la autorización y las responsabilidades de quienes participaron, sin adelantar conclusiones sobre una posible relación con las inundaciones.
