En la política, ese teatro de gestos solemnes y explicaciones interminables, abundan las historias adornadas hasta parecer laberintos, aunque en el fondo no pasen de ser asuntos sencillos. El caso de la presencia de la CIA en Chihuahua es una de ellas. Entre comunicados, silencios y salidas a medias, se ha intentado construir una versión difícil de seguir.
No hay mucho que indagar, y como lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en otros términos, en este escándalo sólo hay de dos sopas. O fue la Secretaría de Seguridad Pública Estatal o fue la Fiscalía General del Estado. Todo lo demás, como el informe presentado ayer por la Unidad Especializada que abordamos más adelante, parece más un intento de ganar tiempo que de explicar lo ocurrido.
Por eso resulta difícil tomar en serio la respuesta de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, quien optó por crear una “unidad especial de investigación” para esclarecer los hechos. Una estructura que, en los hechos, depende del propio aparato estatal, encabezado por la misma Fiscalía que hoy está bajo sospecha. La decisión no aclara nada; al contrario, profundiza la duda sobre la imparcialidad del proceso .
La pregunta que la gobernadora no ha respondido y que seguramente conoce su respuesta es: ¿quién autorizó la entrada de agentes extranjeros a operar en territorio estatal? Las opciones están sobre la mesa. O fue Gilberto Loya Chávez desde la SSPE, o fue César Jáuregui Moreno desde la Fiscalía, que ayer renunció “para permitir que las investigaciones avancen de manera transparente”. No hay tercera vía. No existe un mecanismo alterno dentro del estado que pueda tomar una decisión de ese calibre sin pasar por una de esas dos estructuras.
La creación de una “Unidad Especializada” es más a cortina de humo que una respuesta seria: una burla para el pueblo de Chihuahua y, de paso, un guiño bastante ligero a la soberanía nacional. Desde redes y desde algunas voces del PAN a nivel nacional se ha querido mover el foco, como si aquí el problema fuera haber desmantelado el narcolaboratorio… y no todo lo demás que lo rodea.
Ese punto no está en discusión. Lo que está en juego es el cumplimiento de la Constitución y de las leyes. Ignorarlas abre la puerta a un mayor injerencismo estadounidense, particularmente frente a un gobierno que no se alinea con sus intereses.
La llamada unidad de investigación nació con un problema de origen muy grave que es la falta de autonomía. La fiscal Wendy Chávez no actúa con independencia, sino bajo un acuerdo que la obligaba a reportar directamente a César Jáuregui Moreno, pero ya fuera de la FGE, ahora le rendirá cuentas a la gobernadora, lo que coloca la investigación dentro del mismo circuito de poder que está bajo cuestionamiento.
Así, más que esclarecer los hechos, el diseño institucional parece orientado a administrar la información y controlar los tiempos. Con esas condiciones, cualquier resultado queda inevitablemente marcado por la duda, porque investigar hacia adentro, con supervisión de quien podría estar implicado, no es transparencia, es una simple simulación. ¿Quién les va a creer?
Mientras tanto, Jáuregui y Loya llevan meses en campaña adelantada. Sus rostros están en espectaculares, bardas, panorámicos. Ciudad Juárez y la capital del estado han sido tapizadas con sus aspiraciones políticas. La construcción de imagen ha sido constante, insistente, visible. Y en medio de ese despliegue, estalla un escándalo que toca directamente la soberanía nacional.
La gobernadora ahora dice que no puede hablar porque el caso está bajo investigación. Este lunes 27 de abril al llegar a su oficina dijo que debía guardar silencio y que iba a contestar el teléfono rojo. ¿Bajo investigación de quién? ¿De la Federación? ¿De la unidad que ella misma creó? La respuesta no llega, y en su lugar aparece el silencio como estrategia.
La escena es tan absurda como que la Federación se deje enredar por esta narrativa. Solo faltó que la mandataria panista dijera que tenía que atender una llamada urgente, como si del otro lado estuviera la propia agencia estadounidense involucrada. Ese nivel de evasiva no solo desgasta la credibilidad institucional, también alimenta la percepción de que se intenta ganar tiempo mientras se acomoda la narrativa.
El problema de fondo sigue intacto, porque la legislación mexicano indica que ningún agente extranjero puede participar en operativos en territorio nacional sin los mecanismos formales establecidos. Aquí no hubo registro, no hubo autorización federal, no hubo conocimiento previo. Lo que hubo fue un operativo, un accidente y cuatro personas fallecidas.
En cualquier otro contexto, la consecuencia inmediata sería separar del cargo a los responsables mientras se esclarecen los hechos. Aquí ocurre lo contrario. Los nombres siguen en funciones, las aspiraciones políticas siguen en marcha y la explicación sigue pendiente.
Primer informe de la fiscal: culpar a un muerto por la CIA en Chihuahua
Nadie se va a creer el informe presentado por la fiscal Wendy Paola Chávez, quien prácticamente puso sobre un muerto toda la culpa acerca de la presencia de la CIA en el operativo. Y es que cuando una investigación apunta hacia quien ya no puede defenderse, más que justicia parece una salida fácil, una forma de cerrar el caso sin abrir las preguntas de fondo.
El informe intenta construir una narrativa donde todo recae en el exdirector de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, fallecido en el accidente. Según la versión oficial, fue él quien no informó, quien permitió, quien integró a civiles extranjeros al convoy. Pero esa explicación, lejos de aclarar, simplifica de manera sospechosa un asunto que, por su naturaleza, tendría que haber pasado por más de un filtro institucional.
La presencia de cuatro agentes estadounidenses en el operativo de alto nivel no ocurrió por accidente ni por iniciativa aislada. Requirió coordinación, conocimiento y, sobre todo, autorización en algún nivel de mando. Por eso mismo renunció Jáuregui. Pensar que todo se redujo a una omisión individual es, por decir lo menos, inverosímil.
El propio informe presenta contradicciones. Por un lado, reconoce que los extranjeros formaban parte del convoy desde días antes, que estuvieron presentes en recorridos y desplazamientos en zonas de difícil acceso. Por otro, asegura que no participaron en la planeación ni en la ejecución del operativo. Entonces, ¿qué hacían ahí? ¿Turismo de riesgo? ¿Observadores invisibles? La lógica se rompe sola.
Además, se insiste en que no hubo interacción con mandos militares ni con personal de la Fiscalía más allá de un círculo inmediato. Una afirmación difícil de sostener cuando se habla de un operativo conjunto con presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional. En ese nivel, la coordinación no es opcional, es obligatoria. Y si existió, alguien más tuvo que saber.
El cierre del informe termina siendo aún más cuestionable. Se documenta el accidente, se narran los hechos, se enumeran las víctimas. Y con ello, parece intentarse también enterrar responsabilidades. Como si el barranco donde cayó el vehículo hubiera arrastrado también las decisiones previas, los permisos y las omisiones.
Lo que queda, entonces, no es certeza, sino sospecha. Se trata de un informe que apunta hacia abajo, hacia quien ya no puede responder, pero evita mirar hacia arriba, donde realmente se toman las decisiones. Increíble.
¿Traición a la patria?
El diputado Cuauhtémoc Estrada Sotelo, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso local, le entró con hartas ganas al tema. Dijo que el asunto de la posible traición a la patria ha escalado a solo a nivel nacional sino internacional.
Dijo que el asunto como tal tiene que analizarse. El legislador partió de un hecho: lo que hoy se conoce proviene de diversas fuentes, desde medios de comunicación hasta autoridades extranjeras, pasando por declaraciones del propio Gobierno estatal.
Ese cúmulo de información, dijo, ya permite advertir posibles violaciones a la Constitución, a la Ley de Seguridad Nacional y a la Ley de Tratados, un punto que, subrayó, ha sido poco discutido.
La discusión, sin embargo, no se queda en lo jurídico. Estrada empuja la pregunta hacia el terreno político: ¿cómo se llegó a este punto? ¿En qué momento acuerdos o decisiones que podrían rebasar el marco legal comenzaron a justificarse como parte de una estrategia de seguridad? En esa línea, cuestionó directamente al gobierno de María Eugenia Campos Galván y a la narrativa que intenta explicar lo ocurrido.
Estrada afirmó que el argumento oficial insiste en que en Chihuahua se combate al crimen con firmeza, pero reviró con datos y contexto: si esa estrategia fuera efectiva, ¿por qué el estado se mantiene entre los más violentos del país? La persistencia de homicidios y la presencia de cárteles, señaló, desdibujan cualquier intento de presentar resultados favorables.
El señalamiento se vuelve más delicado cuando se aborda la posible intervención de agencias extranjeras. No se trata, dijo, de cooperación institucional regulada, sino de acciones que podrían haber rebasado los límites constitucionales. Ahí es donde la discusión deja de ser técnica y entra de lleno en el terreno de la soberanía.
Estrada recordó que no es la primera vez que se advierte sobre este tipo de decisiones. Desde 2022, apuntó, se cuestionaron acuerdos firmados con autoridades de Texas, particularmente en materia de vigilancia. En aquel momento, la crítica fue minimizada; hoy, a la luz de los hechos recientes, esos antecedentes adquieren una nueva dimensión.
El comunicado de ese encuentro fue emitido el 14 de abril de 2022 por la oficina del gobernador de Texas, Greg Abbott, sobre su reunión con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y el entonces mandatario de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, deja ver más que un simple encuentro protocolario.
Esa reunión de Campos con autoridades republicanas, muy cercanas a Donald Trump, exhibe una forma de relación política que se mueve con soltura fuera de los cauces federales, donde los gobernadores parecen gestionar temas de alcance internacional como si se tratara de asuntos locales, abriendo la puerta a decisiones y acuerdos que, por su naturaleza, deberían pasar por un marco institucional más claro y menos discrecional.
Otra encuesta muestra a Cruz por encima de Andrea
De cara al proceso interno de Morena rumbo a 2027, las encuestas continúan perfilando escenarios que, sin ser definitivos, sí marcan tendencias. Ahora una de Polls, muestra que el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, encabeza las preferencias con el 28 por ciento, colocándose como el perfil más competitivo dentro del partido guinda. No es una ventaja abrumadora, pero sí suficiente para posicionarse como el referente inicial en la carrera interna.
Detrás aparece la senadora Andrea Chávez con el 23 por ciento, apenas cinco puntos abajo. La distancia es corta y mantiene abierta la contienda, sobre todo en un contexto donde la visibilidad nacional y el respaldo político pueden modificar rápidamente las percepciones. La disputa, por ahora, se concentra entre estos dos perfiles, mientras el resto observa desde una distancia considerable.
En un tercer nivel se ubican Armando Cabada con el 6 por ciento y Mayra Chávez con el 4 por ciento, cifras que reflejan presencia, pero no competitividad inmediata. Más abajo aparecen Cuauhtémoc Estrada Sotelo con el 3 por ciento y Juan Carlos Loera con el 2 por ciento, confirmando que, al menos en este momento, la contienda no es de muchos, sino de pocos.
Sin embargo, el dato más revelador no está en los nombres, sino en el porcentaje de indecisos: un 34 por ciento que aún no define preferencia. Ese bloque representa el verdadero campo de batalla político, porque será ahí donde se incline la balanza. Ningún aspirante tiene asegurada la candidatura si no logra conectar con ese segmento que todavía no se siente representado.
