La operación de la CIA en Chihuahua, realizada en coordinación con autoridades estatales, no solo cruzó una línea política: violó la Ley de Seguridad Nacional y vulneró la soberanía mexicana, lo que obliga a dimensionar lo ocurrido con toda su gravedad.
No se trata de la DEA, la agencia encargada de combatir el narcotráfico, es la CIA, un órgano de inteligencia cuya función central es el espionaje, el análisis estratégico y la recopilación de información para decisiones de Estado. Su presencia es geopolítica, y eso cambia por completo el significado del hecho.
Ayer, Morena tomó la tribuna en el Congreso estatal entre consignas de “¡La Patria no se vende!”, exigiendo la comparecencia de la gobernadora María Eugenia Campos, pero el PAN, junto con PRI y aliados, decidió bloquear la comparecencia. Cerró la discusión y evitó que el poder se sometiera al escrutinio público.
La diputada Elizabeth Guzmán Argueta soltó los dardos durante la presentación del punto de acuerdo, y recordó que se trataba de un acontecimiento que pone en entredicho la soberanía nacional, la dignidad del Estado mexicano y la legalidad en el ejercicio del poder público, y además dijo lo que se ha discutido en esta semana: la Constitución establece que los estados no pueden celebrar acuerdos con gobiernos extranjeros por cuenta propia.
Aun así, el punto de acuerdo fue rechazado por 17 votos en contra y 12 a favor. La mayoría prianista decidió que no había nada que explicar, además hubo un retraso de más de una hora porque los diputados del PAN no ocupaban sus lugares en el pleno.
Antes de que iniciara el debate, Cuauhtémoc Estrada ya advertía que se estaba rehuyendo la discusión. Señaló que el Gobierno estatal no dimensionó la gravedad del acto y que la reacción tardía de la gobernadora, que se reunió con Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, debió haberse dado desde el inicio y dentro del marco constitucional.
“Roma no paga traidores”, sentenció Estrada, haciendo alusión a la soberanía y la lealtad nacional. Desde el año pasado, el PAN y el PRI han insistido, abierta o veladamente, en la necesidad de una mayor intervención de Estados Unidos en la estrategia de seguridad en México.
Muy tempranito, desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum fijó postura con un tono que combinó prudencia y firmeza. Aclaró que no busca un conflicto con Estados Unidos, pero dejó claro que tampoco puede haber omisión frente a la Constitución.
Reiteró que cualquier acuerdo con gobiernos extranjeros debe pasar por la Secretaría de Relaciones Exteriores y reveló que intentó comunicarse con la gobernadora sin éxito. Su mensaje fue el de siempre: la colaboración es válida, pero nunca bajo esquemas de subordinación. Habrá que esperar lo que haya dicho la gobernadora María Eugenia Campos en su reunión con García Harfuch.
Y en el fondo, la pregunta sigue sin respuesta: ¿por qué la CIA? Si el objetivo era combatir el narcotráfico, la lógica institucional, aún violatoria de la Constitución, indicaba la participación de la DEA, la agencia encargada de investigar y desmantelar redes criminales. Pero no fue así, y esa diferencia es sustancial.
La DEA combate delitos. La CIA produce inteligencia. Analiza gobiernos, actores e intereses estratégicos. Su presencia en territorio mexicano no solo implica un asunto de seguridad, sino de inteligencia internacional.
Gobernadora debe dar la cara: alcalde
El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, colocó también sobre la mesa el tema. Su exigencia hacia la gobernadora María Eugenia Campos Galván fue directa y sin rodeos: debe dar la cara.
A través de un breve comunicado difundido en redes sociales, el edil juarense subrayó que la seguridad en el estado no puede construirse desde la opacidad. Señaló que hechos como este obligan a una respuesta clara por parte del Gobierno estatal, no solo por responsabilidad institucional, sino por respeto a la ciudadanía.
Pérez Cuéllar fue enfático al señalar que la posible presencia de agencias internacionales en territorio chihuahuense requiere explicaciones inmediatas. Advirtió que no atender el tema con claridad representaría una falta hacia los habitantes del estado y reiteró que, en materia de seguridad, no hay espacio para omisiones ni evasivas, sino para rendición de cuentas y cumplimiento de la ley.
Desde Washington siembran dudas
Ayer le entró al tema el congresista republicano Michael McCaul para firmar, desde Washington, que “no hay manera” de que la presidenta Claudia Sheinbaum no supiera de la presencia de la CIA en México no solo es una intromisión, es un intento de fijar narrativa desde el exterior.
Se trata, evidentemente, de una maniobra conocida: desviar el foco, para discutir la injerencia, sino sembrar dudas sobre el gobierno de Sheinbaum. McCaul habló de cooperación, de inteligencia compartida, de una relación sólida “debajo de la retórica”.
Pero ese discurso, envuelto en diplomacia, omite un elemento central, el de la soberanía. No se trata de negar la colaboración entre países, sino de cuestionar bajo qué condiciones ocurre. Porque cuando una agencia como la CIA opera en territorio mexicano, el debate ya es político.
Y ahí es donde la intervención discursiva de funcionarios estadounidenses resulta especialmente delicada. No solo opinan sobre asuntos internos, sino que intentan moldear la percepción pública en México. En lugar de aclarar, enturbian.
En lugar de asumir responsabilidades, reparten insinuaciones. Y en este asunto, el riesgo es que la discusión deje de ser sobre la ley y la soberanía, para convertirse en un campo de versiones dictadas desde fuera.
