La escena ya raya en lo absurdo. La gobernadora María Eugenia Campos Galván ahora parece haberse convertido en calificadora oficial de citatorios judiciales. Que si comparece físicamente, que si mejor virtualmente, que si el documento es ilegal, que si todo es persecución política. El problema es que mientras el discurso victimista crece, también crece la percepción de que el verdadero motor detrás de toda esta estrategia es uno solo: miedo.
Ya nadie monta semejante espectáculo mediático azul por una simple comparecencia como testigo. Nadie convoca al PAN nacional, habla de “resistencia civil” y amenaza con “volverse locos” si no existe el temor de que las investigaciones puedan escalar mucho más allá de un trámite ministerial. Y eso es justamente lo que hoy se percibe en Chihuahua.
La mandataria y su círculo político quieren vender la idea de que el estado entero está siendo atacado. Eso no es cierto. Lo que sí es cierto es que una traidora a la patria. Como si pedirle declarar fuera equivalente a una agresión contra millones de chihuahuenses. La exageración es tan grande que ya parece caricatura. Y mientras tanto, olvidan algo elemental, que es el de comparecer ante la autoridad no convierte automáticamente a nadie en culpable. Pero resistirse políticamente a hacerlo sí levanta sospechas.
Más aún cuando la sombra de César Duarte sigue flotando sobre buena parte del panismo local. Ese mismo grupo político que hoy habla de dignidad democrática fue durante años aliado, cómplice o beneficiario de las estructuras del viejo priismo chihuahuense. Por eso resulta hasta irónico escuchar amenazas de un supuesto “verano ardiente”, intentando revivir el discurso de 1986, aquel fraude electoral encabezado por el PRI de Fernando Baeza Meléndez.
La diferencia es brutal, porque en 1986 existía una ciudadanía enfrentando un fraude electoral de Estado. Hoy lo que existe es una gobernadora citada a declarar dentro de una investigación federal. No es resistencia democrática. No es persecución histórica. Y definitivamente no es una reedición romántica de las luchas panistas del siglo pasado.
El problema para el PAN es que parece no entender cuánto ha cambiado el país. Ya no son aquella oposición perseguida que despertaba simpatías automáticas. Hoy son gobierno, tienen poder, control institucional y una larga lista de cuestionamientos acumulados. Y mientras más intentan dramatizar el citatorio, más evidente se vuelve el nerviosismo político que existe detrás de toda esta operación mediática.
Porque en el fondo el temor parece otro. El temor de terminar igual que varios de sus antiguos referentes políticos. Muy lejos quedaron aquellos tiempos donde el PAN podía presentarse como reserva moral del país. Hoy, entre amenazas de resistencia civil y discursos incendiarios, lo único que terminan exhibiendo es desesperación.
No es partidista ni vendetta política
La gobernadora de Chihuahua parece no haberse dado cuenta que la discusión ya dejó de ser partidista desde hace rato. No es Morena contra el PAN ni una vendetta política disfrazada de investigación. Son dos casos distintos, delicados y con implicaciones serias que tendrían que llegar hasta el fondo, sin importar colores, apellidos o cargos públicos. Y es que si algo terminó pudriendo durante décadas a la política mexicana fue precisamente esa costumbre de proteger a los poderosos dependiendo del partido al que pertenecieran.
Por un lado está Rubén Rocha Moya, investigado tras solicitudes relacionadas con Estados Unidos. Por el otro, María Eugenia Campos Galván, citada dentro de las investigaciones derivadas de la presencia de agentes extranjeros en operativos realizados en Chihuahua sin autorización federal. Ambos fueron llamados a entrevistas ministeriales. Ninguno está imputado, según confirmó la propia presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Entonces resulta exagerado, repetimos, observar cómo desde el panismo intentan construir una narrativa de persecución épica alrededor de Maru Campos. Nadie la ha declarado culpable. Nadie la ha detenido. Nadie la ha imputado. Fue llamada a comparecer, igual que otros actores involucrados en investigaciones abiertas. Punto.
Lo que llama la atención es el intento de convertir una diligencia ministerial en espectáculo político. Mientras la gobernadora intenta colocarse el traje de víctima, quedan pendientes demasiadas cuentas públicas y políticas que también merecerían revisión seria. Ahí está, por ejemplo, el uso de recursos públicos para campañas propagandísticas disfrazadas de defensa institucional. Millones gastados en pendones, panorámicos y mensajes agresivos colgados incluso en edificios públicos, utilizando recursos del estado para alimentar confrontaciones políticas.
Y también queda el recuerdo incómodo de las protestas bloqueadas en Chihuahua, donde ciudadanos y manifestantes enfrentaron restricciones mientras desde el poder estatal se hablaba de democracia y libertades. Esa contradicción también tendría que discutirse algún día.
Si las investigaciones concluyen que hubo delitos, las consecuencias tendrán que llegar hasta donde deban llegar. Si Rocha tiene responsabilidades ante autoridades estadounidenses, deberá responder. Y si Maru Campos incurrió en violaciones legales o abusos de poder en México, también tendría que enfrentar las consecuencias. Así de simple.
