Muy importante el posicionamiento de Morena en el Congreso local, que exige esclarecer las acusaciones de la gobernadora María Eugenia Campos contra el exfiscal César Jáuregui por presuntos actos de corrupción y operaciones de prestanombres. La verdad es que el asunto merece algo más que entrevistas en medios nacionales.
La diputada Elizabeth Guzmán tocó el tema del que todo Chihuahua habla en las mesas del chisme y el café. Si la gobernadora conocía las presuntas irregularidades, ¿desde cuándo tenía esa información y qué hizo para investigarlas?
El escándalo explotó como una olla de presión, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmara que la mandataria estatal le había comentado las sospechas sobre Jáuregui, relacionadas con la supuesta propiedad de casinos. La presidenta aseguró que le pidió proceder legalmente y facilitó el contacto con la Fiscalía. Campos le dijo lo mismo a la titular de la FGR, Ernestina Godoy.
Aquí aparece una cuestión que no puede resolverse con otra ronda de entrevistas, con el periodista Carlos Loret de Mola, especialista en el deporte de golpear a la 4T. Si existían elementos para sospechar de actos de corrupción, correspondía acudir a las autoridades competentes.
Hay una contradicción en el discurso de la gobernadora que llama la atención. Por un lado, en privado, durante una reunión en una oficina del aeropuerto, señalaba a Jáuregui ante la presidenta de la República; por otro, públicamente, en entrevistas con medios nacionales, acusaba al Gobierno federal de emprender una persecución política contra el exfiscal.
Morena exige conocer qué sabía el Gobierno estatal, cuándo lo supo y cuáles fueron sus actuaciones. Son preguntas importantes porque Jáuregui ocupó la mayor responsabilidad en la procuración de justicia de Chihuahua. Cualquier señalamiento sobre su conducta durante ese periodo tiene implicaciones institucionales.
También debe esclarecerse si las acusaciones tienen sustento. Jáuregui tiene derecho a defenderse y la gobernadora, como cualquier funcionaria, debe responder por sus afirmaciones. La gravedad de los posibles delitos exige investigaciones formales, documentos y resultados verificables.
La estampida legislativa para proteger a Campos
Y ya que andamos por los pasillos de la grilla en el Congreso estatal, ayer el prianismo volvió a recurrir a una de sus especialidades, esa jugada que tiene tan bien ensayada y que consiste en abandonar el recinto para impedir que se presente una solicitud que comprometa políticamente a la gobernadora. Esta vez, se trataba del exhorto de la legisladora morenista Magdalena Rentería para que María Eugenia Campos pida licencia temporal mientras se esclarece el caso de El Pinal, Morelos.
Muy mal se han visto los diputados del PAN, PRI, MC y PVEM. La estrategia ya se ha vuelto una mala costumbre, abandonan sus curules, rompen el quórum y dejan la sesión suspendida.
El pasado 20 de octubre, la mayoría legislativa también frenó una propuesta para llamar a comparecer a la gobernadora por el caso Jáuregui. Entonces utilizaron sus votos para retirar el asunto del orden del día.
Los antecedentes se acumulan. El 28 de abril hubo otra salida de legisladores panistas con su clásico córrele que te alcanzo, ante un posicionamiento relacionado con la gobernadora. En febrero de 2024 también se rompió el quórum durante una intervención de Morena. Ya van varios operativos especiales de la mayoría legislativa.
La solicitud de Rentería podía discutirse, rechazarse o aprobarse. Para eso existen las sesiones legislativas, sin embargo, los diputados optaron por impedir su presentación. Es una curiosa manera de defender a la gobernadora, dejando al Congreso sin condiciones para trabajar y a los ciudadanos sin respuestas. Para eso no se les paga.
Jáuregui y el elefante de la CIA en la habitación
César Jáuregui parece empeñado en seguir el mismo libreto de la gobernadora María Eugenia Campos, intentando desviar la atención hacia una supuesta persecución política. Ante el juez federal, el exfiscal cuestionó que combatir al narcotráfico pueda constituir traición a la patria. Pero convendría recordarle que el fondo de los señalamientos es otro.
A Jáuregui se le cuestiona por la presunta participación de agentes de la CIA en un operativo realizado en territorio mexicano sin autorización del Gobierno federal, así como por el supuesto ocultamiento de esa intervención. El decomiso de dos toneladas de metanfetaminas no resuelve las preguntas sobre quién permitió la presencia de los estadounidenses y bajo qué facultades actuaron.
Tampoco debería olvidar el exfiscal qué representa históricamente la CIA. La agencia estadounidense, ya lo hemos escrito en este espacio, tiene un largo expediente de operaciones clandestinas y acciones para desestabilizar gobiernos que no se alinean con los intereses de Washington. Chile, Guatemala e Irán ofrecen antecedentes suficientemente documentados como para comprender los riesgos de permitir su actuación al margen de los controles legales.
Jáuregui asegura que ninguno de los 46 funcionarios interrogados lo vinculó directamente con la presencia de agentes extranjeros. Esa afirmación deberá contrastarse con las pruebas de la Fiscalía. Mientras tanto, sería conveniente que explicara qué sabía de aquella operación. Porque invocar la lucha contra el narcotráfico no basta para despejar las sospechas sobre una posible violación de la soberanía nacional. Así de sencillo.
