Chihuahua continúa con un alto índice de violencia, sin que las autoridades estatales puedan poner control en el tema. Es evidente que el principal problema es que no existe una estrategia sólida de coordinación entre la administración de María Eugenia Campos y el de Claudia Sheinbaum.
El coordinador de los diputados morenistas en el Congreso local, Cuauhtémoc Estrada, insistió en que Chihuahua necesita trabajar junto al Gobierno Federal y dejar de convertir cada asunto de seguridad en un pleito político.
También cuestionó que varios de los principales funcionarios estatales estén más concentrados en sus aspiraciones políticas que en atender la crisis de inseguridad. Mencionó directamente al secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, y al secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, además de otros integrantes del gabinete que, aseguró, ya operan políticamente rumbo a las próximas elecciones.
Pero el tema que más tensión sigue generando es el caso de la presunta participación de agentes estadounidenses en operativos dentro de Chihuahua. El coordinador morenista afirmó que la desinformación comenzó desde las propias versiones oficiales del Gobierno estatal.
Criticó que la Fiscalía estatal reconociera la presencia de cuatro agentes extranjeros armados dentro de instalaciones oficiales y al mismo tiempo dijera no poder identificar plenamente a dos de ellos. Para Morena, esa explicación resulta poco creíble y muy delicada tratándose de corporaciones de seguridad.
El coordinador morenista sostuvo que nadie está planteando romper la cooperación con Estados Unidos en el combate al narcotráfico. Así lo ha querido ver el panismo, para desviar la atención. Sería absurdo pensarlo cuando ambos países comparten el mismo problema: drogas que cruzan fronteras, armas que bajan desde el norte y millones de dólares que alimentan estructuras criminales en ambos lados. El asunto, dijo, no es la cooperación, sino los límites legales bajo los que debe realizarse.
Una cosa es compartir inteligencia, información y estrategias conjuntas, y otra muy distinta permitir operaciones fuera del marco constitucional mexicano. Ahí es donde Morena sostiene que el Gobierno estatal cruzó una línea peligrosa con el caso Chihuahua.
Mientras tanto, el conflicto político sigue creciendo. Morena acusa al Gobierno estatal de ocultar información y el PAN responde denunciando ataques políticos. Y en medio de esa guerra diaria de declaraciones, Chihuahua continúa contando muertos, crisis y una violencia que no parece detenerse.
¿Una marcha en lugar de coordinación?
En lugar de buscar una coordinación real con la Federación para enfrentar la crisis de seguridad, el PAN nacional ya prepara una marcha política en defensa de la gobernadora María Eugenia Campos. Así está hoy el nivel de confrontación en Chihuahua.
Mientras Morena acusa violaciones a la soberanía nacional por el caso de los agentes estadounidenses en la Sierra Tarahumara, la respuesta panista no será una mesa institucional ni una estrategia conjunta de seguridad, sino una movilización partidista.
El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, incluso ya habla de organizar “la marcha más grande de la historia” para respaldar a Maru Campos. Todo esto en medio de un estado que sigue encabezando cifras de violencia y homicidios.
¿Eso ayudará en algo a Chihuahua? ¿Una marcha resolverá la crisis de inseguridad? ¿Servirá para aclarar qué ocurrió realmente con la presencia de agentes extranjeros en operativos dentro del estado?
El problema es que la confrontación ya desplazó a la discusión seria. Ahora para los panistas y el Gobierno del Estado, todo gira alrededor de quién moviliza más gente, quién coloca más propaganda y quién logra golpear más fuerte mediáticamente al adversario.
Y así, en lugar de construir acuerdos frente a una crisis delicada, Chihuahua empieza a entrar en una campaña permanente donde parece importar más la foto de la marcha que la seguridad de los ciudadanos.
Los panistas no saben qué es la soberanía nacional
Aunque a muchos panistas les incomode escucharlo o prefieran minimizarlo, el debate sobre la presencia de agencias extranjeras operando en territorio mexicano no es cualquier cosa. No se trata solamente de política electoral. Se trata del país. Es lo que no entiende la derecha.
La presidenta Claudia Sheinbaum insistió ayer en que éste es “un momento de principios” y colocó como eje central la independencia de México. Y guste o no, el tema toca fibras históricas profundas en un país que ha vivido invasiones, intervenciones y presiones constantes desde el norte.
La mandataria incluso volvió a mencionar el sexenio de Felipe Calderón como ejemplo de una etapa donde, según ella, las agencias estadounidenses operaban libremente en México. Ahí está precisamente el fondo de toda esta discusión: hasta dónde puede llegar la cooperación internacional sin que el país termine cediendo el control de sus propias decisiones de seguridad.
Hay que repetirlo, una cosa es compartir inteligencia que abrir la puerta a operaciones de corporaciones extranjeras fuera del marco constitucional mexicano. El problema es que desde Chihuahua el PAN ha querido reducir todo a un pleito partidista, como si cuestionar la actuación de agentes extranjeros fuera únicamente propaganda morenista.
Lo preocupante es que muchos panistas parecen no dimensionar el tamaño del problema. Se indignan más por las críticas de la Federación que por la posibilidad de que existieran agentes armados extranjeros participando en operativos dentro del estado. Ahí es donde la discusión deja de ser electoral y se convierte en un asunto de Estado.
