Deudas heredadas y alivio para Juárez
Durante años, el Municipio de Ciudad Juárez arrastró un adeudo fiscal que no cayó del cielo ni fue producto de la mala suerte. Fue consecuencia de errores administrativos que se acumularon entre 2017 y 2021, en la gestión del entonces alcalde independiente Armando Cabada Alvídrez, ahora flamante diputado morenista. Omisiones en nómina, impuestos no enterados y una cadena de descuidos que hoy siguen cobrando factura.
La diferencia es que esa factura ya no se está escondiendo bajo el escritorio. La actual administración encabezada por Cruz Pérez Cuéllar decidió hacer lo menos popular en política y lo más necesario en finanzas, pagar. Y no ha sido poco. En 2024 se desembolsaron alrededor de 136 millones de pesos. En 2025, otros 101 millones. Dinero público que bien pudo destinarse a obra o servicios, pero que tuvo que irse a tapar un hoyo que venía de atrás.
El problema seguía vivo para 2026 con un pendiente cercano a los 114 millones de pesos. Un monto que, de seguir la inercia, iba a seguir creciendo con recargos, intereses y esa habilidad que tienen las deudas públicas para volverse más pesadas con el tiempo. En otras palabras, el costo lo terminarían pagando los juarenses, como suele ocurrir cuando las cuentas no se hacen bien desde el inicio.
Pero aquí entra la maniobra política que cambia la historia. El Gobierno municipal está por concretar un convenio con la Secretaría de Hacienda, a través del Gobierno del Estado, que permitiría liquidar solo el 25 por ciento de ese adeudo. Traducido a números, cerca de 28 millones de pesos, mientras el resto sería absorbido mediante un estímulo fiscal.
El ahorro es cercano a los 85 millones de pesos y ya no saldrá del bolsillo público, lo que abre el margen para destinar recursos a lo que sí le importa a la ciudad, como las calles, servicios y proyectos que sí se ven y sí se sienten.
Aquí no hay mucho misterio sobre quién pierde y quién gana, porque los errores de una administración ya tuvieron su costo. La diferencia es que ahora hay una salida que evita seguir cargando la cuenta. Y en esta ocasión, los ganones son los juarenses, que por fin ven cómo un problema heredado deja de crecer y empieza, ahora sí, a resolverse.
Lo que falta saber es si los errores se quedarán sin que se tomen acciones, o se llamará a cuentas al exindepediente.
Lilia Aguilar y la rebeldía de una dinastía incomprendida
Lilia, integrante de la dinastía Aguilar del Partido del Trabajo en Chihuahua, señalada por sus propios simpatizantes de la 4T por sus bienes patrimoniales, se mantiene instalada en ese bando que gusta de asumirse rebelde dentro de la izquierda mexicana.
Ayer, la diputada votó en contra de la reforma en materia de derecho de autor que busca poner orden en el uso de la inteligencia artificial sobre imagen, voz e interpretaciones artísticas. Una discusión técnica, compleja, que requería posición clara. Y ahí estuvo ella, alineada no con el bloque mayoritario, sino con esa oposición que suele encontrar en estas votaciones una oportunidad para hacer ruido. Junto a su compañero de bancada, Javier Vázquez Calixto, decidió ir un paso más allá que los 129 legisladores que optaron por la abstención. Ellos no dudaron. Votaron en contra, y así le fue en redes sociales.
Hace apenas un mes, la legisladora subió a tribuna para denunciar que desde Morena la habían bautizado con toda una colección de apodos poco amables. La lista, según la misma diputada, incluía desde “chueca” hasta otras referencias más creativas que circularon con entusiasmo en redes sociales. El linchamiento fue público, reiterado y con tono de agravio constante. Los seguidores de la 4T son duros con quien traiciona los principios del movimiento. Eso ya debería saberlo.
Y en medio de ese episodio en el mes de marzo, apareció otro dato que ayudó a completar el retrato. Una declaración patrimonial que supera los 22 millones de pesos, con casa de 16 millones y un departamento de lujo que rebasa los 5 millones. Cifras que, en otro contexto, podrían pasar como éxito personal. Aquí, en cambio, alimentan la conversación dentro del mismo movimiento que dice representar, pero que en realidad lo represente a medias.
Así, la diputada se mueve entre dos aguas, con discursos que reclaman pertenencia y decisiones que caminan en sentido contrario. Una postura que, más que rebeldía, empieza a parecer un berrinche propio de cualquier integrante de una dinastía incomprendida por el pueblo bueno y sabio.
Estrada calienta la congeladora rumbo a 2027
Cuauhtémoc Estrada no solo dejó ayer entreabierta la puerta para buscar una candidatura a diputado federal en 2027, también decidió sacudir el polvo del Congreso local. El coordinador de la bancada guinda aprovechó el momento para recordarle a la mayoría prianista que legislar no es un deporte de contemplación, aunque algunos lo practiquen con una disciplina casi olímpica.
Y es que, según Estrada, el Congreso necesita subirle unos grados a la temperatura, porque la famosa “congeladora” ya está trabajando horas extra. No es secreto que varios diputados alineados con la gobernadora María Eugenia Campos Galván han perfeccionado el arte de archivar lo incómodo. Hay temas que entran al recinto y salen directo al cajón, sin escalas ni discusión, esa es la puritita verdad.
Entre esos asuntos olvidados figuran el tema de los regidores, el del llamado “regidor étnico” tras una resolución proveniente de Guadalajara, y la validación para pueblos originarios que ya está en un juzgado de amparo. Incluso, el propio juzgado ya les mandó un recordatorio con multa incluida, como quien toca la puerta porque nadie contesta.
El mensaje de Estrada fue sencillo y con filo, porque sí es necesario sacar los temas de la congeladora, discutirlos y votarlos. La resolución del tribunal, agregó el diputado, no deja mucho margen para la interpretación. Desde 2020, el propio Congreso se impuso un mecanismo que hoy parece incomodarles recordar. El voto directo y la demarcación territorial para elegir regidores no fue una ocurrencia externa, fue un compromiso que ahora toca cumplir. Pero claro, cumplir compromisos suele ser menos atractivo que posponerlos.
Y como si faltara un ingrediente, Estrada dijo que el PAN ya había intentado quitar del camino esos transitorios que hoy sostienen la resolución del Tribunal Estatal Electoral. No prosperó. Así que ahora el tema sigue ahí, esperando turno en esa larga fila de asuntos que duermen el sueño legislativo. Mientras tanto, Cuauhtémoc ya avisó que piensa hacer ruido rumbo al 2027.
Las nostalgias políticas sin respaldo
No cabe duda: hay nostalgias que ahora se visten de protesta. Lo vimos el lunes en varios estados del país, y en Chihuahua, donde el Gobierno del Estado quiso aprovecharse de la situación para sumarle votos a la causa azul, las cosas no fueron distintas. Los bloqueos, a medias y sin convicción, intentaron venderse como una rebelión generalizada, pero se desinflaron muy rápido.
Porque no, no representan a todos los transportistas ni a todos los agricultores. Y eso quedó más que claro. Se hablaba de paros masivos, de carreteras colapsadas, de un país detenido. Nada de eso ocurrió. La convocatoria se desinfló solita porque no tenía espíritu ni corazón que la sostuviera.
Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que no se regresará al viejo circuito prianista donde las organizaciones hacían de ventanilla, filtro y, en muchos casos, de aduana con peaje incluido. El recurso llega directo al productor y se acabó la era del “yo reparto”. A más de uno le incomoda porque se le cayó el negocio, no porque le preocupe el campo. Esa es la mera verdad.
Y mientras algunos ensayan bloqueos como quien ensaya una obra sin público, las mesas de negociación siguen trabajando. Ahí están sentados los que sí producen, los que compran y los que gobiernan, hablando de precios, de cosechas y de soluciones concretas. El espectáculo de carretera, pues, queda para la foto; las decisiones se toman donde se discute con datos y no con bocinas, aunque sin duda quedarán algunos nostálgicos que sigan insistiendo, pero la verdad ya la conocemos.
