La gobernadora María Eugenia Campos insiste en colocarse en el papel de víctima política. Ahora pide “no personalizar” los temas públicos y habla de respeto mutuo entre gobernadores y el Ejecutivo federal, como si el debate actual hubiera surgido por diferencias personales y no por un tema extremadamente delicado relacionado con soberanía nacional y legalidad constitucional.
El problema para la mandataria es que durante estos días ella misma ayudó a politizar el tema. Desde Chihuahua se impulsó la narrativa de que a ciertos gobernadores ligados a Morena se les protegía pese a señalamientos relacionados con el narcotráfico, particularmente en el caso de Rubén Rocha Moya. El discurso fue utilizado una y otra vez para posicionar una idea de persecución selectiva y para confrontar políticamente al Gobierno federal.
La presidenta Claudia Sheinbaum insistió en la Mañanera del Pueblo que el problema no gira alrededor del combate al narcotráfico, sino sobre la presunta colaboración con autoridades estadounidenses fuera del marco constitucional mexicano.
“Es falso lo que dice”, respondió sobre los señalamientos de Campos. La presidenta recordó que la investigación abierta por la Fiscalía tiene relación con posibles violaciones a la Ley de Seguridad Nacional y a la Constitución, luego de que autoridades estatales presuntamente colaboraran con Estados Unidos sin autorización federal.
Y es que Campos intenta reducir todo a un asunto de respeto institucional y presunción de inocencia. Pero nadie la está investigando por haber desmantelado un narcolaboratorio. Ese argumento se ha repetido tanto desde el gobierno estatal que parece diseñado para simplificar deliberadamente el problema real.
Lo que se encuentra bajo investigación es algo mucho más serio, ya lo hemos tratado en este espacio, se trata de la presunta participación de agentes estadounidenses en operativos dentro del territorio nacional sin autorización federal y bajo posibles violaciones a la Constitución mexicana. Ese es el centro del asunto. No el combate al narcotráfico, no el aseguramiento de laboratorios clandestinos y mucho menos una disputa personal entre gobiernos.
La gobernadora intenta construir la percepción de que se castiga a Chihuahua por actuar contra el crimen organizado. Sin embargo, el cuestionamiento no gira alrededor de la estrategia de seguridad, sino sobre quién autorizó la participación de agencias extranjeras y bajo qué mecanismos operaron dentro del estado.
Por eso resulta contradictorio escuchar llamados a no “personalizar” el debate cuando desde el propio prianismo se ha convertido el caso Rocha Moya en bandera política nacional. El PAN y sus aliados exigieron extradiciones, responsabilizaron públicamente a actores de Morena y utilizaron acusaciones provenientes de Estados Unidos para golpear políticamente a sus adversarios. Hoy piden prudencia exactamente en el momento en que las preguntas alcanzan a Chihuahua.
La gobernadora tiene derecho a defenderse políticamente y a exigir investigaciones imparciales. Lo que resulta difícil de sostener es esta narrativa de victimización construida desde un gobierno que durante semanas utilizó casos judiciales ajenos para alimentar confrontaciones políticas.
Refuerzan panistas narrativa de Campos en redes sociales
El panismo chihuahuense parece haberse coordinado para repetir exactamente la misma narrativa impulsada desde Palacio de Gobierno: convertir cualquier cuestionamiento sobre la presencia de agencias estadounidenses en Chihuahua en un supuesto ataque contra el combate al narcotráfico.
La frase ya se volvió consigna política. La diputada panista Xóchitl Contreras anda muy activa últimamente en grupos vecinales de Facebook. “Aquí seguimos en Congreso del Estado de Chihuahua defendiendo a nuestro Estado. Porque mientras en Chihuahua se combate el narco, en otros Estados lo protegen”, difundió en un grupo vecinal de la Valle del Sol. No entiende o no quiere entender la legisladora, que el problema es que nadie está investigando a Chihuahua por combatir criminales.
Sheinbaum cierra filas mientras EU revisa consulados
Siguiendo en el tema de la soberanía, mientras Estados Unidos ordenó revisar los 53 consulados mexicanos en su territorio, una medida que incluso podría derivar en cierres unilaterales y tensar al máximo la relación bilateral, la presidenta Claudia Sheinbaum reunió en Palacio Nacional a diputados y senadores de la 4T para cerrar filas alrededor de un mensaje político que hoy ocupa el centro del debate nacional: la defensa de la soberanía.
La administración de Donald Trump comenzó una revisión completa del funcionamiento de la red consular mexicana bajo la lógica de “Estados Unidos Primero”. El Departamento de Estado aseguró que busca verificar si las representaciones mexicanas operan conforme a los intereses estadounidenses. El mensaje político es que Washington endurece su postura hacia México y coloca la relación bilateral bajo una nueva etapa de presión.
El escenario genera una alerta por lo que representan los consulados para millones de mexicanos migrantes. Son espacios de atención legal, protección consular, trámites de identidad y acompañamiento para comunidades enteras que viven bajo presión política y migratoria. Un eventual cierre de sedes diplomáticas abriría una crisis de gran impacto social y político.
El ambiente bilateral se ha deteriorado en semanas recientes. Desde Estados Unidos aumentaron las acusaciones relacionadas con narcotráfico y supuestas influencias políticas desde consulados mexicanos, señalamientos impulsados principalmente por sectores conservadores estadounidenses.
En ese contexto ocurrió la reunión encabezada por Sheinbaum con legisladores de Morena y aliados. El encuentro giró alrededor de la soberanía nacional, la independencia y la defensa de México frente a presiones externas. Los coordinadores parlamentarios salieron hablando de unidad política y de la necesidad de informar a la población sobre el momento que atraviesa la relación con Washington.
Ricardo Monreal señaló que la presidenta pidió a los legisladores regresar a territorio para explicar el alcance de la defensa de la soberanía y los riesgos relacionados con las amenazas de injerencia e intervencionismo. El mensaje interno fue construir cohesión política frente al endurecimiento del discurso estadounidense.
