¿Con qué calidad moral puede salir Alejandro Moreno a rasgarse las vestiduras porque el INE le prohibió llamar “Narcomorena” al partido gobernante? ¿Cómo se atreve a exigir libertad para lanzar acusaciones sin pruebas cuando él mismo arrastra desde hace años investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito, peculado, lavado de dinero, defraudación fiscal y uso indebido de atribuciones? Antes de señalar con el dedo, tendría que responder por los expedientes que pesan sobre su propia trayectoria.
No se trata de impedir la crítica política, porque se supone que en democracia, cuestionar al gobierno es legítimo. Lo que resulta inadmisible es convertir la descalificación en estrategia permanente, sustituyendo los argumentos por etiquetas que buscan condenar sin evidencias. Si alguien acusa de vínculos con el crimen organizado, lo mínimo exigible es presentar pruebas, no consignas.
La decisión del INE no le prohíbe a Moreno ejercer oposición. Lo que hace es poner límites a expresiones que pueden constituir calumnias dentro del debate político. Esa diferencia es fundamental. La libertad de expresión no equivale a la libertad para difamar.
Resulta paradójico que quien hoy se presenta como víctima de la autoridad electoral sea un político que ha enfrentado solicitudes de desafuero y diversas investigaciones relacionadas con su patrimonio y su gestión como gobernador de Campeche. Esas indagatorias, independientemente de su desenlace, forman parte del contexto que acompaña su figura pública.
Alejandro Moreno intenta colocar la discusión en un terreno donde aparezca como defensor de la democracia. Sin embargo, la conversación inevitablemente vuelve a las preguntas que él mismo no ha logrado disipar: el origen de su patrimonio, los señalamientos de desvío de recursos y las investigaciones abiertas por distintas autoridades.
Tampoco puede ignorarse el estado en que dejó al PRI. Durante su dirigencia, el partido pasó de ser una fuerza competitiva a sufrir derrotas históricas, perder gubernaturas, reducir su representación legislativa y enfrentar una crisis interna que ha provocado la salida o el distanciamiento de numerosos cuadros históricos. Moreno cree que por ganar Coahuila va a ganar todo el país, nada más falso que eso.
Las voces críticas dentro del propio priismo no son nuevas. Exgobernadores, exdirigentes, legisladores y militantes han cuestionado reiteradamente su permanencia al frente del partido, acusándolo de concentrar decisiones y de profundizar la división interna. Es difícil presentarse como referente moral cuando ni siquiera existe consenso sobre su liderazgo dentro de su propia organización.
Mientras el PRI continúa reduciendo su presencia electoral, Moreno parece apostar por el conflicto permanente y la confrontación mediática. El resultado está a la vista: más reflectores para su figura, pero menos votos para su partido. La estrategia podrá generar titulares, pero no ha logrado reconstruir la confianza ciudadana.
Dicen los que dicen saber, que la credibilidad no se construye únicamente con discursos. Se sostiene con la congruencia entre lo que se exige a los demás y lo que uno está dispuesto a responder. Quien reclama respeto a la legalidad también debe aceptar el escrutinio sobre su propia conducta pública.
Alejandro Moreno tiene todo el derecho de criticar al gobierno y a Morena. Lo que no puede exigir es un cheque en blanco para lanzar acusaciones sin sustento mientras él continúa cargando con investigaciones que siguen marcando su carrera política y con el peso de haber llevado al PRI a una de las etapas más difíciles de su historia.
Desde hace meses, el PAN o el prianismo, que son lo mismo, ha preferido sembrar descalificaciones antes que construir propuestas. La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, y varios de sus funcionarios, han repetido hasta el cansancio el calificativo de “Narcomorena”, sin aportar una sola prueba que lo sustente. La mentira puede servir para encender las redes sociales, pero no para construir confianza ciudadana. Quien pretende ganar a base de calumnias termina exhibiendo la pobreza de sus argumentos y la fragilidad de su propia autoridad moral.
La culpa siempre es de alguien más
Para la gobernadora Campos nunca hay responsabilidades propias. Si el gusano barrenador avanza, la culpa es del Gobierno Federal. Si hubo un brote de sarampión, también. Si la economía se desacelera, encuentra un nuevo culpable. Su discurso parece una larga lista de pretextos para justificar un gobierno que, después de varios años, sigue sin ofrecer resultados a la altura de los problemas que enfrenta Chihuahua.
Mientras dedica conferencias y declaraciones a repartir culpas, el estado permanece atrapado en una crisis de inseguridad que no cede. Los homicidios, la violencia en distintas regiones y la presencia del crimen organizado siguen golpeando a la entidad. A ello se suma un deterioro económico evidente y unas finanzas públicas cada vez más comprometidas por el crecimiento de la deuda, sin que exista una obra emblemática que justifique semejante carga para los chihuahuenses.
La narrativa de confrontación permanente ya es una constante. En lugar de asumir que gobernar implica resolver problemas y coordinar esfuerzos con otros niveles de gobierno, María Eugenia Campos opta por convertir cada dificultad en una oportunidad para lanzar descalificaciones políticas. El problema es que esa estrategia puede generar titulares, pero no vacunas, no detiene plagas, no mejora la seguridad ni fortalece la economía estatal.
Los ciudadanos no eligieron a una gobernadora para escuchar explicaciones interminables sobre los errores de otros. La eligieron para gobernar Chihuahua. Después de años de administración, lo que permanece son un estado endeudado, rezagado en diversos indicadores y sin las grandes obras prometidas. Mucha bravuconería, muchos discursos de confrontación y muy pocos resultados que puedan presumirse.
