La denuncia de Morena contra el Gobierno de María Eugenia Campos era algo que prácticamente ya se veía venir. Después del nivel de confrontación que dejó la marcha del fin de semana, resultaba difícil imaginar que el partido guinda dejaría pasar las imágenes de bloqueos carreteros, propaganda colocada en edificios públicos y funcionarios estatales participando abiertamente en acciones contra la movilización.
De hecho, desde ayer ya comenzaban a aparecer señales bastante claras. Durante la conferencia “Semanera”, Poetripiados preguntó directamente sobre el tema y el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, prácticamente adelantó el escenario al declarar que “seguramente Morena tomaría medidas”. Y así ocurrió. Apenas unas horas después, Ariadna Montiel salió a anunciar denuncias electorales, administrativas y una escalada política que apenas comienza.
Lo interesante aquí no es solamente la denuncia en sí, sino el terreno donde Morena decidió colocar la batalla. Ya no se trata únicamente del “caso CIA” y de la presunta colaboración irregular con agentes estadounidenses en la Sierra Tarahumara. Ahora el foco también está puesto en el uso del aparato estatal para intentar contener una movilización política.
Trabajadores del DIF estatal —incluida la madre de la gobernadora, quien es la presidenta del organismo— con pancartas en el aeropuerto. Mario Mata encabezando bloqueos carreteros. Edificios públicos convertidos en propaganda política. Todo terminó construyendo una escena bastante reveladora para el Gobierno del Estado: la del aparato oficial operando abiertamente contra una movilización opositora.
La verdad es que aunque el PAN y el Gobierno del Estado intenten minimizar el tema, existe una diferencia delicada entre confrontar políticamente a Morena y utilizar recursos públicos para hacerlo. Es mucho más grave que el intento por desacreditar la marcha y atreverse a aseguraer que solo acudieron 3 mil personas. Ahí es donde Morena encontró la veta más rentable políticamente y probablemente también la más peligrosa jurídicamente para la administración estatal.
La gobernadora y su equipo quizá pensaron que la marcha sería solamente una movilización más. Pero terminó convirtiéndose en un conflicto mucho más grande. Morena logró transformar los bloqueos y la propaganda oficial en munición política. Y ahora busca llevar el tema hasta tribunales electorales y órganos federales.
Además, hay otro dato importante que explica por qué Morena decidió acelerar la confrontación: el crecimiento político que sienten en Chihuahua. Ariadna Montiel presumió cifras, votos y estructuras. El mensaje fue claro: Morena cree que Chihuahua ya dejó de ser un bastión intocable del PAN y considera que el desgaste político de María Eugenia Campos puede convertirse en la gran puerta rumbo al 2027.
Por eso esta denuncia no es un hecho aislado. Forma parte de algo más grande. Morena está construyendo un expediente político completo alrededor de la gobernadora: el caso CIA, los bloqueos, el uso de funcionarios públicos, la propaganda estatal y ahora las denuncias electorales. Todo va conectado.
Y mientras eso ocurre, el Gobierno estatal parece cada vez más atrapado en una reacción permanente. Primero fueron los espectaculares, luego los bloqueos, después las mantas y ahora las denuncias. El problema es que cada respuesta ha terminado alimentando todavía más el conflicto.
Lo que viene probablemente será todavía más ríspido. Morena ya entendió que el tema le funciona políticamente y porque el PAN parece haber entrado en un terreno donde cada movimiento deja nuevas preguntas sobre el uso del poder estatal en plena confrontación política.
¿Quién financia realmente a Gilberto Loya?
Es de llamar la atención la enorme cantidad de carteleras, panorámicos y publicidad que tiene por todo Chihuahua el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya. Basta recorrer avenidas, cruceros y carreteras para encontrarse su rostro promocionado como si estuviera en plena campaña, aunque oficialmente siga asegurando que está concentrado únicamente en la seguridad pública.
Además de los espectaculares, también existen bardas pintadas, publicaciones patrocinadas y cuentas de TikTok que parecen dedicadas exclusivamente a construirle una imagen de político moderno, cercano, carismático… y hasta “guapo”.
Hay reels con canciones de moda, videos editados como si fueran clips de campaña y hasta perfiles de supuestas admiradoras del funcionario. Uno de ellos, “gilberto_loyafan”, acumula decenas de publicaciones cuidadosamente producidas. La política convertida en fandom. La seguridad pública convertida en estrategia de marketing digital.
Solo en Ciudad Juárez pueden contarse fácilmente alrededor de 40 panorámicos con una supuesta entrevista difundida en las principales avenidas. Ahí empieza el primer cuestionamiento serio: ¿qué medio de comunicación gastaría millones de pesos en promocionar una entrevista? Ni siquiera artistas como Luis Miguel o Carín León aparecen tanto tiempo en carteleras.
Pero en México ya conocemos perfectamente el viejo truco: disfrazar propaganda política en panorámicos como contenido periodístico, con medios creados al vapor y páginas de Facebook sin interacción. A eso recurren los políticos.
Y luego vienen las matemáticas, que suelen ser mucho más sinceras que los discursos oficiales. Un espectacular promedio cuesta cerca de 20 mil pesos mensuales, pero cuando aparece la cara de un político los precios se disparan. Los empresarios de la publicidad exterior saben perfectamente que la ambición cuesta más cara.
Si cada anuncio ronda entre 50 y 60 mil pesos, solo en Juárez estaríamos hablando de unos dos millones de pesos al mes. En Chihuahua capital la cifra fácilmente se triplica. Súmele Delicias, Cuauhtémoc, Parral, Nuevo Casas Grandes y otras ciudades. El resultado es brutal: probablemente más de diez millones mensuales invertidos únicamente en posicionar la imagen del secretario.
Entonces aparece la pregunta inevitable. ¿Quién paga todo eso? Porque nadie seriamente cree que Gilberto Loya está desembolsando semejante cantidad de dinero de su bolsillo. No alcanza. Ni reuniendo sus salarios de toda la administración estatal.
Y ahí comienza la parte delicada de este asunto. ¿Sale el dinero de la propia Secretaría de Seguridad Pública Estatal? ¿Del Gobierno del Estado? ¿De empresarios interesados en impulsar un proyecto político? ¿De grupos con intereses futuros dentro del PAN? ¿O de personajes todavía más incómodos de mencionar en un estado donde la línea entre política, seguridad y crimen organizado lleva años desdibujándose peligrosamente? Vamos directos, ¿o de esos patrocinadores que nunca aparecen en transparencia?
Toda esta operación mediática ocurre mientras Chihuahua continúa atrapado en una crisis de violencia que parece no terminar nunca. El estado sigue ocupando primeros lugares nacionales en homicidios y otros delitos de alto impacto. Comunidades enteras viven bajo miedo permanente, pero el secretario asegura que está enfocado en la seguridad. Aunque, curiosamente, también encuentra tiempo para dialogar con sectores políticos y reconocer públicamente que busca primero la candidatura del PAN y después la gubernatura.
La caída política de César Jáuregui tras el escándalo de la DEA y la incursión estadounidense en Chihuahua dejó un hueco importante dentro del panismo estatal. Bonilla simplemente no termina de despegar.
Y en ese vacío comenzó a crecer la figura de Loya, impulsada no por resultados extraordinarios en seguridad, sino por una maquinaria publicitaria impresionante. Se trata de una campaña adelantada disfrazada de entrevistas, de contenidos digitales y de posicionamiento institucional.
Carlos Monsiváis decía que en México el poder siempre ha tenido vocación de espectáculo. Y tenía razón. Hoy los funcionarios ya no buscan únicamente gobernar: buscan viralizarse. Convertirse en marca. En tendencia. En algoritmo.
El problema es que mientras las bardas se llenan de sonrisas institucionales y TikTok reproduce canciones pegajosas, Chihuahua sigue contando muertos, desapariciones y regiones completas donde el Estado apenas existe.
Y entre tantos espectaculares, entre tantas publicaciones cuidadosamente editadas y entre tanta propaganda disfrazada de espontaneidad, la duda crece más que cualquier panorámico: ¿quién está financiando realmente la campaña de Gilberto Loya?
