Hay partidos políticos que nacen con vocación de gobierno y otros con vocación de acompañamiento, de paleros, de aliados dóciles. Y luego están los partidos satélite, esos que giran en torno al poder como la luna lo hace con su planeta, útiles para hacer bola cuando se necesita mayoría y también para hacer negocio cuando se presenta la oportunidad.
El Partido del Trabajo ha sabido dominar ese arte durante años. En Chihuahua, conocemos bien la historia de su socio fundador en estas tierras del desierto, Rubén Aguilar Jiménez, quien ha administrado el partido como si fuera una empresa familiar. Y como en toda empresa familiar, los puestos importantes suelen quedarse en casa. Literalmente.
Ahí aparece Lilia Aguilar Gil, diputada federal del PT, quien en las últimas horas se convirtió en tema de conversación después de que su declaración patrimonial (Declara_dip, de la controloría interna de la Cámara de Diputados) revelara un estilo de vida bastante… digamos… poco compatible con el evangelio de la austeridad republicana.
Según información publicada por EMEEQUIS, la legisladora reportó un patrimonio que supera los 22 millones de pesos en inmuebles y vehículos. La joya de la corona es una casa valuada en 16.7 millones de pesos, con más de 500 metros cuadrados de terreno y 381 de construcción. Un hogar amplio, cómodo, fifí, digno de cualquier diputado… aunque quizá un poco lejos de esa narrativa política donde todos viven con modestia franciscana.
La declaración también incluye una hipoteca cercana a 5 millones de pesos y deudas en tarjetas de crédito por más de 470 mil pesos. En total, compromisos financieros por encima de los 5.4 millones, mientras que sus ingresos anuales declarados rondan 1.7 millones de pesos.
El detalle que ha provocado más cejas levantadas y agruras entre sus compañeros de bandada, es que la casa de la diputada incluso supera en valor la de su aliado legislativo Gerardo Fernández Noroña, figura emblemática de la 4T. Nada mal para una diputada de un partido que suele presentarse como guardián de las causas populares.
Todo esto ocurre justo cuando el PT decidió no respaldar la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, decisión que cayó como una pedrada dentro de los sectores más fieles al movimiento. Y cuando los devotos se enojan, lo hacen con entusiasmo religioso. No se detienen ante nada.
En redes sociales el partido ha sido acusado de todo: traidor, oportunista, indigno de la 4T. Algunos incluso ya hablan de pasarles la factura electoral en 2027, una especie de juicio final en las urnas.
La reacción en redes fue todo menos amable. El perfil oficial del PT en Facebook, que ya de por sí no presume multitudes, apenas ronda los 370 mil seguidores, terminó convertido en una especie de pared para tiro al blanco digital. Decidieron transmitir en vivo su posicionamiento desde San Lázaro y reunieron unas 2,600 reacciones. Hasta ahí nada fuera de lo común en la rutina de cualquier partido.
Contamos las reacciones favorables, y resulta que apenas eran 300. Sí, leyó bien, 300 en un mar de comentarios que no precisamente sonaban a aplauso. Para cualquier estratega político eso sería una señal vergonzosa y de alarma. Para el usuario promedio de redes sociales la conclusión es más simple y mucho más cruel. Les fue peor que a Ricardo Salinas Pliego en un mal día en Twitter. Y eso ya es decir bastante.
Los siguientes días serán importantes para este partido. Y aquí estaremos pendientes para darle seguimiento.
Después del café llegó el Plan B contra los privilegios
Políticos, seguidores de partidos y muchos chismosos, amanecieron ayer expectantes después de la reunión del miércoles por la noche en Palacio Nacional. No era para menos. Tras el rechazo a la reforma electoral en la Cámara de Diputados, la pregunta flotaba en el ambiente político como una nube cargada. ¿Cuál sería la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum y cuál sería el famoso Plan B?
La respuesta llegó tempranito, después del segundo café sin azúcar. Desde la Mañanera del Pueblo, la presidenta hizo algo que en cualquier democracia debería ser rutina, aunque en México todavía suena a provocación. Pidió que la ciudadanía revise quién votó y cómo votó la reforma electoral. Un ejercicio simple de memoria política que suele resultar molestos y difíciles de tragar para muchos legisladores cuando llega la hora de rendir cuentas.
Sheinbaum insistió en que la reforma tenía un propósito claro. Reducir privilegios. Así de simple y así de incómodo. Menos recursos desbordados para partidos políticos, menos excesos en el aparato electoral y una mayor participación ciudadana en las decisiones públicas.
La presidenta incluso exhibió cifras que retratan una de las paradojas más costosas de la política mexicana. Congresos locales donde cada legislador puede costar decenas de millones de pesos al año. Estados con enormes carencias sociales que, sin embargo, mantienen parlamentos bastante bien financiados.
La lógica que planteó la mandataria es difícil de discutir en un país que ha visto durante décadas cómo la política se convierte en una profesión extraordinariamente rentable. Si el gasto legislativo tiene topes, esos recursos podrían quedarse en los estados y municipios para atender necesidades reales de la población.
La misma lógica aparece cuando cuestiona el número de regidores y síndicos en muchos ayuntamientos. Municipios con varios funcionarios para tareas que, en la práctica, podrían realizarse con menos cargos y menos gasto público.
Así que la discusión no gira solamente en torno a una reforma específica, sino a algo más profundo. El viejo debate sobre cuánto cuesta la política en México y quién está dispuesto realmente a reducir esos costos, y quién quiere sostenerlos.
En ese terreno pantanoso, la presidenta parece apostar por algo que conecta con el ánimo de buena parte del país. La idea de que el poder público debería servir a la ciudadanía y no a los privilegios de quienes lo ocupan. Y esa discusión, guste o no en el Congreso, apenas comienza. Al tiempo.
