Cruz Pérez Cuéllar llegó ayer al Congreso del Estado acompañado de Cuauhtémoc Estrada, el líder de los guindas. Lo que debía ser un acto institucional terminó en una fiesta política: saludos, fotos, sonrisas y una bancada de Morena que lo recibió como si fuera estrella invitada. El alcalde de Juárez no pasó desapercibido; entró con presencia, con mensaje y, sobre todo, con intención.



Nada fue improvisado. Fue a exigir algo bastante básico en teoría, pero escaso en la práctica: fecha, formato y condiciones claras para comparecer. El Congreso había aprobado llamarlo, sí, pero en la lógica de estirar los tiempos hasta que el tema pierda filo. Pérez Cuéllar llegó a cortar esa inercia: “aquí estoy, listo para informar”. Y ahí, de paso, exhibió el desorden interno de la Junta de Coordinación Política, que primero vota una cosa y luego parece no saber qué hacer con ella.
El origen del asunto es el señalamiento por la retención del ISR por 118 millones de pesos. Se trata de un rezago que viene de los años 2017, 2019, 2020 y 2021, cuando gobernaba el entonces independiente Armando Cabada Alvídrez, hoy diputado federal por Morena. Es decir, lo que hoy se discute no corresponde a una omisión reciente, sino a un pasivo que el propio Municipio ha comenzado a solventar.
Y aquí es donde los números rompen la narrativa. En 2024, el Ayuntamiento pagó 135 millones de pesos; en 2025, otros 101 millones. Aun así, quedan pendientes alrededor de 114 millones correspondientes a ejercicios anteriores. Incluso ya existe una propuesta de la Secretaría de Hacienda para liquidar solo el 25% de ese monto mediante un convenio que debe aprobar el Gobierno del Estado. No es un problema inexistente, pero tampoco es el escándalo que los prianistas intentan vender.

La jugada política también tiene su historia. El exhorto original impulsado por el PAN, particularmente por el ultraconservador diputado Carlos Olson, buscaba quedarse en el terreno de la exigencia administrativa: que se regularice el ISR, en un claro golpeteo político. Pero entonces apareció Cuauhtémoc Estrada con la jiribilla parlamentaria: si hay señalamientos, que el alcalde comparezca. Y así, lo que iba a ser un señalamiento desde la tribuna se convirtió en una invitación formal a rendir cuentas.
Estrada sabía de antemano que no había nada que esconder. El llamado a comparecer, claro está, le abre un escaparate estatal a Pérez Cuéllar, justo cuando está a casi nada de convertirse en el Coordinador Estatal de la Defensa de la Transformación. Los diputados prianistas lo saben: su carta, Marco Bonilla, el de la sonrisa congelada, no la tendrá fácil frente al de Juárez. Y ahí está la paradoja: en términos futbolísticos, los panistas quisieron despejar el balón… y todo indica que están por clavarse un autogol.
La escena de ayer marca el inicio de una comparecencia en la que será muy interesante cómo Pérez Cuéllar tratará el asunto. Solo falta la fecha y la hora. El Congreso quiso marcar agenda y ahora tendrá que sostenerla. El alcalde, que llegó como rockstar, asumió una posición clara al presentarse y dar la cara en un momento clave del proceso. Fue una buena jugada.
Montiel dará más fuerza a Morena
Ariadna Montiel dejó anoche la Secretaría de Bienestar, una de las áreas más sensibles del Gobierno federal, para ir a disputar el corazón del movimiento. El paso no es cualquier cosa; es, en muchos sentidos, una apuesta de mayor alcance.
Montiel no llega improvisada a esa contienda. Su paso por Bienestar la colocó en el centro de la operación territorial de la Cuarta Transformación. Ahí no solo administró programas sociales; construyó redes, recorrió comunidades y sostuvo una relación directa con la base que le da sustento político a Morena. Esa experiencia, más que un cargo, es un activo.
El respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum no es casual. Al hacer pública la renuncia y perfilar su nuevo rumbo, también envía una señal: Montiel es parte del proyecto que continúa. Y en un movimiento donde la cercanía, la lealtad y la capacidad operativa pesan tanto como el discurso, eso cuenta.
Montiel entiende que el poder no solo se ejerce desde el gobierno, sino también desde la estructura partidista. Morena, en esta etapa, es una maquinaria que necesita dirección, cohesión y rumbo. Y ahí es donde Montiel quiere jugar.
Su discurso también conecta con esa lógica. No se va para retirarse, sino para organizar. No abandona el proyecto, lo reubica. Habla de continuidad, de principios, de Humanismo Mexicano. En otras palabras, se posiciona no como una aspirante más, sino como alguien que busca darle orden y sentido a lo que viene: las elecciones de 2027 y 2030.
Por eso, su avance es el reflejo de una etapa en la que Morena comienza a redefinirse hacia adentro, mientras gobierna hacia afuera. Y si algo ha demostrado Montiel es que sabe moverse en ambos terrenos.
“Lady CIA”, con el agua hasta el cuello
En medio del escándalo que rodea a la participación de la CIA en un operativo conjunto con autoridades estatales en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la Sierra, la gobernadora María Eugenia Campos se encuentra en una crisis que podría empeorar en las siguientes horas con la investigación que realiza la Fiscalía General de la República, y que no la exenta.
Lo que hasta hace unos días parecía un episodio confuso, hoy ya tiene forma de expediente federal. La FGR abrió dos carpetas de investigación: una por el narcolaboratorio localizado entre Morelos y Guachochi, y otra, mucho más delicada, por la presencia de agentes de la CIA operando junto a la Agencia Estatal de Investigación.
Y aquí es donde el caso cambia de dimensión. No es lo mismo un operativo exitoso contra el crimen que uno contaminado por la posible violación a la ley. La propia Fiscalía federal reconoce que se investiga la posible comisión de delitos en materia de seguridad nacional. Es decir, el asunto ya no se resuelve con discursos ni con ruedas de prensa.
Hay además un elemento que agrava el escenario: dos ciudadanos estadounidenses, presuntamente vinculados a agencias de seguridad, murieron tras participar en ese operativo, junto con mandos estatales. No eran observadores, ya lo hemos escrito. Estaban en campo. Y eso obliga a preguntar quién autorizó su presencia y bajo qué marco legal.
Mientras tanto, desde Chihuahua la estrategia ha sido otra: contener, administrar, patear el balón a donde sea, como suele hacerlo el prianismo. La gobernadora decidió no acudir al Senado, argumentando que no podía comprometer la investigación en curso. Una explicación que, lejos de disipar dudas, las multiplica.
La narrativa oficial se empieza a desmoronar. Primero se dijo que no había participación activa de agentes extranjeros; luego se confirmó que sí estuvieron presentes. Después se minimizó el hecho; ahora hay una investigación federal en marcha.
Y en ese terreno, el margen se reduce, porque cuando la FGR entra, lo hace con otra lógica. Ya no se trata de controlar daños mediáticos, sino de revisar responsabilidades. Y en esa revisión no hay niveles intocables. La cadena de decisiones se analiza completa, desde el operativo hasta quienes debían saber lo que ocurría.
Por eso cobra sentido el silencio. Por eso las evasivas. Porque la gobernadora ya no está frente a una crisis de comunicación, sino frente a un proceso que puede escalar a consecuencias legales y políticas de mayor calado. Aquí no basta con decir que no sabía; hay que demostrarlo.
El problema para María Eugenia es que, conforme avanzan los días, la percepción pública va tomando forma propia, y cuando esa percepción se consolida, revertirla es casi imposible. Más aún cuando hay investigaciones abiertas, versiones encontradas y responsabilidades que empiezan a delinearse.
La narrativa oficial ha dejado de poder controlarse desde Palacio estatal y, mientras el caso sigue escalando, en redes sociales comienza a imponerse una lectura propia que se resume en un apodo que circula con fuerza: “Lady CIA”.

