El sábado marcó el primer agarrón político real dentro de Morena en Chihuahua para medir fuerzas rumbo al 2027. En ese primer round, quien salió con la mano en alto fue Cruz Pérez Cuéllar. El alcalde de Ciudad Juárez llegó a la capital del estado a enviar un mensaje directo, sin matices, hay estructura, hay operación y hay sobre todo control territorial.
El encuentro en el Centro de Convenciones de Chihuahua capital no se construyó con ocurrencias. Ahí estuvieron miles de morenistas, sí, pero sobre todo estuvieron los que cuentan en política. Sindicatos, profesores, alcaldes, legisladores locales y federales. Los pilares del morenismo estatal, esos que no aparecen siempre en las fotos nacionales pero que son los que mueven el voto, los que operan campañas y los que sostienen al partido en los 67 municipios. Eso fue lo verdaderamente relevante.
Ahí estaban los diputados locales Brenda Ríos, Cuauhtémoc Estrada, Jael Argüelles, Herminia Gómez Carrasco, Magdalena Rentería, María Antonieta Pérez Reyes, Elizabeth Guzmán, Pedro Torres Estrada y Leticia Ortega. Prácticamente toda la fuerza legislativa estatal guinda concentrada en un solo evento. A eso hay que sumar a los diputados federales Alejandro Pérez Cuéllar, del Verde, Maité Vargas Meráz y Carlos Castillo Pérez, ambos de Morena. Y por si faltaba músculo, el sector magisterial, que no es menor, llegó con lonas y consignas como “Maestros con Cruz”. También se dejó ver el Consejo Supremo de la Tarahumara.
El propio ambiente del evento, dijeron quienes estuvieron ahí, tenía más cara de arranque de campaña a la gubernatura que de simple aspiración interna. Y es que cuando se juntan tantas corrientes del morenismo en un mismo espacio, lo que se está viendo en realidad es operación. Es el mensaje de que el proyecto de Pérez Cuéllar, quien acudió acompañado de su esposa Rubí Enríquez, ya está caminando en todo el estado, luego de que muchos operadores de tierra tocaron puerta por puerta en hogares chihuahuenses.
Y aquí es donde entra la lectura de fondo. En Morena, el poder real se construye en el territorio, a partir de alianzas internas sólidas. Los sindicatos, los maestros, los diputados locales y las estructuras municipales son quienes ganan elecciones. Son los que movilizan, los que operan casillas, los que hacen la campaña de tierra. Ahí es donde se define todo.
Del otro lado de la contienda, Andrea Chávez mostró otro tipo de respaldo en el Monumento a Benito Juárez. Tuvo que recurrir al acompañamiento de sus compañeros del Senado, especialmente al coordinador de Morena en esa cámara, Ignacio Mier, dentro del grupo cercano a Adán Augusto López, padrino político de la senadora. Hubo narrativa, hubo elogios —“una joven talentosa, brillante, gran oradora”— y hubo un intento de posicionarla como relevo generacional. Incluso se apeló a la nostalgia de aquella mención de López Obrador en 2022, cuando reconoció sus intervenciones en tribuna.
Eso fue hace cuatro años. El tablero actual responde a otras dinámicas y a la construcción del presente. Chávez encabezó una Asamblea Legislativa en Defensa del Plan B, acompañada por figuras como Gerardo Fernández Noroña, Manuel Huerta, Emmanuel Reyes, Verónica Camino, Ana Lilia Rivera, Beatriz Mojica y Waldo Fernández, además del respaldo de Karen Castrejón. Se trata de un respaldo de carácter nacional que, en la lógica interna del partido, no alcanza por sí solo para definir la contienda en el ámbito estatal.
Se habló mucho de la gobernadora María Eugenia Campos y se aposó por el discurso, acá el mensaje era otro. En la interna de Morena no alcanza con confrontar al adversario externo. Lo que define es quién construye hacia adentro. Y ahí es donde la estrategia de Chávez muestra debilidad. Su equipo parece no entender —o no querer aceptar— que sin estructura estatal, sin alianzas locales, sin operación territorial, no hay candidatura que resista.
Además, no es menor el papel de Brighite Granados De La Rosa, presidenta estatal de Morena, quien ha lanzado dardos cargados que dejan ver con claridad hacia dónde se inclina su respaldo. Su posición favorece abiertamente a la senadora Andrea Chávez y, de paso, al grupo político de su tío, Juan Carlos Loera. La institucionalidad partidista debería ser pareja, pero en la práctica ya tomó dirección.
Las asambleas que no siempre funcionan…
Del lado de Adán Augusto, la operación se articula a través de Ignacio Mier, quien intenta replicar el modelo de las asambleas ciudadanas que utilizó en Puebla con su Instituto Mexicano para la Transformación de la Vida Pública. Hoy ese esquema regresa bajo otro nombre, Asamblea Legislativa en Defensa del Plan B, con la intención de recorrer el país y posicionar perfiles. Pero el antecedente que todos conocen es que eso no le funcionó. A pesar de su cercanía con el poder, la candidatura se le fue y terminó en manos de Alejandro Armenta.
Y aunque Mier controla una bolsa nada despreciable de mil 894 millones de pesos anuales en el Senado para operación política, eso tampoco garantiza resultados. Porque el dinero ayuda, sí, pero no sustituye la base social ni la estructura territorial.
Al final, el contraste es evidente. De un lado, un proyecto que ya logró sentar a las fuerzas internas del morenismo estatal en la misma mesa. Del otro, una estrategia que apuesta por el respaldo nacional para compensar la falta de arraigo local.
Por eso, en este primer choque, Cruz Pérez Cuéllar no solo mostró músculo, mostró control. Y sabemos que en estos menesteres, cuando se tiene el control del territorio, lo demás suele acomodarse. Al final del día, dicen los morenistas cercanos a Pérez Cuéllar, los votos no se cuentan en el Senado… se cuentan en las colonias.
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Entre vapes y peleas, el desorden crece en el Cobach 5
A las 2:50 de la tarde del viernes pasado, cuando el turno vespertino del plantel 5 del Colegio de Bachilleres, apenas tomaba ritmo, poco más de una hora de clases, cuadernos recién abiertos y la rutina todavía en construcción, comenzaron a ingresar elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y sus perros antidrogas.
La alerta no vino de un aviso oficial. La llegada de los policías se propagó rápido, como siempre, entre la comunidad estudiantil. WhatsApp hizo lo suyo, con la velocidad suficiente para poner a todos en alerta ante el Operativo Mochila, sobre todo a quienes ya están habituados a la discreción de los vapes y al consumo de marihuana sin olor ni rastro.
El operativo terminó en menos de dos horas. Salón por salón, a los alumnos se les dio la oportunidad de desacerse de las “muletas” antes de que el adiestrado perro pastor alemán de la corporación estatal, los pusiera en evidencia. Una bolsa gris que carga el subdirector del turno, fue llenándose poco a poco de vapes cargados con marihuana. Entre risas y sarcamos, los estudiantes colaboraron para que la cosa no escalara más allá de las miradas complacientes de las maestras y maestros.
Los llamados “aseguramientos” no pasan del sobresalto momentáneo. No hay seguimiento, no hay consecuencias visibles, no hay ruta de atención. El operativo se disuelve y todo vuelve a su cauce, sin resolver lo que apenas deja al descubierto. Así de simple. Y tiene que ver con los protocolos establecidos, porque se trata de menores de edad que, aunque actúen como mayores, siguen siendo menores.
El Operativo Mochila ha levantado polémica entre padres de familia, que suelen señalar —casi siempre sin pruebas— que se vulneran los derechos de los adolescentes. Y, sin embargo, el operativo resulta necesario, porque la prioridad debería ser que los estudiantes asistan a clases en un entorno, al menos, mínimamente seguro.
Aunque, visto lo visto, pareciera que el objetivo no es tanto inhibir el consumo de drogas, sino evitar que algún estudiante, como ya ha ocurrido en ese mismo plantel, decida llevar algo más contundente en la mochila, como una pistola, por ejemplo.
Pero el problema del plantel 5 en Juárez no termina en el aula ni en la mochila. Afuera, cruzando la Valentín Fuentes, la realidad adquiere otra textura. Un callejón se ha vuelto escenario de riñas, en las cuales han salido a relucir armas bancas, sin que las autoridades educativas quieran ir más allá de activar sus protocolos de seguridad, que de poco han servido para evitar las peleas callejeras, cada vez más violentas.
Hace unas semanas, un exalumno fue noqueado en una riña con estudiantes del Cbtis 114. Las peleas son frecuentes, grabadas, compartidas, casi ritualizadas. La violencia, en su versión juvenil, también tiene cronograma, pero la respuesta institucional se sostiene en una línea delgada: si ocurre fuera del plantel, no es responsabilidad directa. La frontera física se convierte en argumento. Mientras tanto, los estudiantes esperan ahí mismo, en ese limbo entre la escuela y la calle, donde nadie parece tener la obligación de intervenir.
Los vecinos lo saben, lo padecen y lo dicen. En los grupos de Facebook de colonias como Villahermosa, Villa Alegre y San Ángel, la preocupación dejó de ser comentario y se volvió advertencia. Padres que trabajan, hijos que esperan, y un entorno que se vuelve cada vez más incierto. El ruido de las peleas ya no es excepción, es parte del ambiente.
¿Qué está ocurriendo dentro del Colegio de Bachilleres 5 para que lo que sucede afuera sea apenas su prolongación? Vemos ya hacia dónde se encamina todo, porque si el orden depende de operativos que parecen escenificaciones y de autoridades que administran la omisión, el desenlace no es difícil de anticipar.
Y en medio de todo este desorden, la ausencia más evidente es la de la autoridad que debería poner orden. Es claro, pues, que a la coordinadora del subsistema en la Zona Norte, Laura Robledo, este problema le resulta, en el mejor de los casos, administrable y, en el peor, completamente prescindible.
Lo que ocurre en el Plantel 5 no es nuevo, Robledo lo sabe y también que no es invisible y mucho menos inevitable. Es la consecuencia de mirar hacia otro lado mientras el problema crece. En esta ciudad, recordemos, la tragedia nunca llega de sorpresa, solo confirma lo que se dejó crecer. Al tiempo.
