El silencio del prianismo chihuahuense frente a la presencia de la CIA en operativos dentro del estado refleja una postura política frente a la soberanía nacional. Desde el Congreso local, el PAN y el PRI exigieron la extradición de políticos de Morena hacia Estados Unidos y, al mismo tiempo, cerraron filas para impedir que se discutiera seriamente la responsabilidad política dela gobernadora María Eugenia Campos en un tema extremadamente delicado.
La sesión legislativa volvió a exhibir el verdadero tamaño del problema. Morena presentó un exhorto para que la mandataria solicitara licencia temporal mientras avanzan las investigaciones federales relacionadas con la participación de agentes estadounidenses en operativos realizados en la Sierra Tarahumara. La respuesta del bloque PAN-PRI fue inmediata: rechazar la propuesta y blindar políticamente a la mandataria estatal.
El mensaje fue claro, porque en Chihuahua no existe disposición para revisar a fondo un caso que toca directamente temas de soberanía, seguridad nacional y legalidad constitucional. El tema de la presencia de la CIA fue reducido por los panistas a un asunto menor, casi administrativo, pese a la gravedad que implica la participación de agencias extranjeras en territorio mexicano.
La discusión rápidamente se convirtió en una ofensiva política contra Morena. Los legisladores panistas impulsaron un exhorto para pedir que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros políticos sean entregados al Departamento de Justicia de Estados Unidos. La propuesta fue aprobada sin reservas por el bloque conservador.
La postura del prianismo deja ver una lógica, un lugar común de la derecha: aceptar y promover que las instituciones estadounidenses intervengan cada vez más en asuntos internos de México. Ya no se trata únicamente de cooperación bilateral en seguridad. Lo que comienza a normalizarse es la idea de que Washington puede convertirse en árbitro político y judicial sobre gobiernos estatales, actores públicos y estrategias de combate al narcotráfico.
El problema es todavía más delicado porque las investigaciones sobre Chihuahua siguen abiertas. Existen cuestionamientos sobre la narrativa construida desde el gobierno estatal, inconsistencias en las primeras versiones oficiales y señalamientos sobre estructuras subordinadas dentro de las investigaciones locales. Aun así, el PAN y el PRI decidieron cerrar cualquier posibilidad de debate profundo.
La rapidez con la que el gobierno estatal intentó controlar la narrativa pública refleja una preocupación evidente por el impacto político del caso. La creación de unidades internas subordinadas a las mismas estructuras señaladas no genera confianza ni certeza sobre la transparencia del proceso.
Que no se nos olvide, México tiene una larga historia marcada por intervenciones extranjeras y presiones políticas provenientes de Estados Unidos. Por eso resulta alarmante que sectores del prianismo hablen con normalidad sobre la participación de agencias estadounidenses en operaciones dentro del país.
Es increíble la facilidad con la que algunos actores políticos recurren a Washington para resolver disputas internas. Pedir extradiciones sin procesos concluidos en México refleja una visión profundamente dependiente de la relación bilateral y debilita la capacidad de las instituciones nacionales para procesar sus propios conflictos.
La soberanía no puede convertirse en un concepto decorativo que se menciona únicamente en ceremonias oficiales. La presencia de agencias extranjeras en operativos de seguridad dentro del país exige respuestas claras, investigaciones transparentes y responsabilidad política. Lo ocurrido en el Congreso de Chihuahua demuestra que, para el prianismo, ese debate simplemente no existe.
La marcha que nadie organizó… hasta que sí existió
En lugar de enfrentar con seriedad el tema de la presencia de la CIA en Chihuahua, el PAN terminó atrapado en su propia confusión política. Primero, el martes, comenzó a circular una convocatoria para una marcha de apoyo a la gobernadora María Eugenia Campos. Después, la dirigente estatal Daniela Álvarez aseguró que no era organizada por el partido y hasta se difundió un promocional desmintiendo el evento.
Pero ayer, resultó que la marcha sí se realizará. Ahora bajo el argumento de que fue convocada por “la sociedad civil”, una explicación que nadie va a creer. El problema no es únicamente el cambio de versión, sino la sensación de improvisación y control de daños que rodea todo el caso.
Mientras tanto, el tema verdaderamente importante quedó desplazado. Las preguntas sobre quién autorizó la participación de agentes estadounidenses en operativos dentro del estado siguen sin respuesta clara. En vez de aclarar el tema de la injerencia extranjera, el prianismo parece más concentrado en administrar la narrativa política y medir el costo público del escándalo.
La historia terminó convertida en un retrato del momento político que vive el PAN en Chihuahua: primero niegan, luego corrigen y finalmente intentan justificar algo que desde el inicio parecía organizado desde dentro. Muy pocos van a creer que una movilización de ese tamaño apareció espontáneamente de la nada.
¿También Bonilla?
Ayer, en plena Mañanera del Pueblo, el nombre de Marco Bonilla apareció dentro del tema de la soberanía. Un reportero recordó la reunión que el alcalde de Chihuahua sostuvo a finales de 2025 en Washington con funcionarios del Departamento de Estado, en medio del debate por la presencia e influencia de agencias norteamericanas en asuntos de seguridad dentro del país.
El panista aseguró que su gira fue pública, institucional y que la Cancillería mexicana tenía conocimiento de cada uno de los encuentros realizados tanto en Washington como en Nueva York. Incluso recordó que durante el viaje sostuvo reuniones con el embajador Esteban Moctezuma y que los temas abordados estuvieron relacionados con seguridad, migración, educación e inversión para Chihuahua.
El problema es que el contexto político ya cambió por completo. Después de todo lo que ha salido alrededor de la participación de agencias estadounidenses en operativos dentro de Chihuahua, muy poca gente está dispuesta a creer simplemente en explicaciones administrativas o en versiones oficiales que apelan a la “cooperación”. Hoy cualquier encuentro con autoridades estadounidenses relacionado con temas de seguridad despierta sospechas, cuestionamientos y una profunda desconfianza pública.
