Cuando los problemas legales tocan la puerta, algunos buscan abogados. Otros presentan pruebas, otros huyen, y hay algunos que, siguiendo una tradición casi familiar del prianismo, deciden correr a tocar la puerta de la Embajada de Estados Unidos. Después de todo, cuando uno se ha acostumbrado a mirar hacia el norte en busca de auxilio, cuesta trabajo recordar que los tribunales están en México.
Eso hizo Verónica Ruffo. La hija del exgobernador Ernesto Ruffo acudió a la representación diplomática estadounidense para denunciar un supuesto hostigamiento contra su padre y solicitar apoyo. La escena parecía sacada de una película donde el protagonista, antes de enfrentar al juez, muy a la Salinas Pliego, intenta convencer al vecino de que el verdadero problema es quien investiga.
Resulta curioso, porque si la familia está convencida de que todo se trata de una persecución política, ¿por qué buscar respaldo en Washington? Si las pruebas son tan sólidas como afirman, bastaría con presentarlas ante los tribunales mexicanos. Pero acudir a una embajada extranjera tiene un valor simbólico: construir un relato internacional antes de enfrentar el expediente judicial.
Ya cansan con el mismo numerito. Apenas una investigación alcanza a un personaje del viejo régimen, desaparecen las explicaciones y aparecen la “persecución” y el “autoritarismo”. Luego viene el acto final, que no es otro que correr a pedir auxilio a Estados Unidos. El libreto prianista envejece, pero nunca cambia de reparto ni de escenario.
Porque el caso no nació de una ocurrencia de un día para otro. La investigación de la Fiscalía General de la República tomó meses y parte de un esquema que las autoridades describen como “huachicol fiscal”. Según la indagatoria, el combustible ingresaba legalmente desde Estados Unidos, pero al cruzar la aduana mexicana era declarado como aditivo u otros productos, o se reportaban volúmenes inferiores a los reales para reducir el pago de impuestos.
En ese engranaje aparece Ingemar S.A. de C.V., empresa vinculada a Ernesto Ruffo. La compañía obtuvo permisos federales para importar cerca de 498 millones de litros de gasolina, diésel y turbosina entre 2023 y 2024, además de contar con autorización para comercializar petrolíferos. Es decir, disponía de toda una estructura legal para mover combustible.
La acusación de la FGR sostiene precisamente que esa infraestructura habría servido para encubrir un mecanismo de evasión fiscal. El expediente menciona ferrotanques asegurados en Coahuila, nueve de ellos con combustible procedente de Deer Park, y señala que la empresa figuraba como consignataria.
También sostiene que el daño al erario supera los cuatro mil millones de pesos y que Ruffo no habría sido un participante incidental, sino un dirigente dentro de la organización investigada. Esa es la hipótesis de la autoridad; será un tribunal quien determine su responsabilidad.
Mientras tanto, la estrategia de victimización parece avanzar más rápido que la defensa jurídica. En lugar de concentrarse en desmontar las pruebas, el discurso gira alrededor de presos políticos y conspiraciones gubernamentales. Es una vieja costumbre, cuando el expediente pesa demasiado, siempre es más cómodo cambiar de tema.
Durante años se habló de soberanía, legalidad y respeto a las instituciones cuando los acusados pertenecían a otros partidos. Hoy, cuando las investigaciones alcanzan a figuras cercanas al antiguo poder, la primera reacción consiste en pedir ayuda fuera del país. Increíble.
La batalla por el Distrito Federal 03 ya comenzó
Julio César de la Cruz anunció que solicitará licencia como director de Asentamientos Humanos para registrarse como aspirante a la coordinación federal del Distrito 03 de Morena. Su carta de presentación es sencilla, porque vive desde hace más de 25 años en esa demarcación, conoce sus colonias y sostiene que esa cercanía debe reflejarse también en la representación política.
La definición de la candidatura despierta interés porque el Distrito 03 continúa siendo un territorio favorable para Morena. La encuesta que defina al abanderado prácticamente marcará el rumbo de la elección federal. De ahí que cada perfil empiece a medir fuerzas antes de que aparezcan las preguntas… y las respuestas.
La aspiración de De la Cruz reaviva inevitablemente la comparación con Lilia Aguilar. La legisladora petista ha recibido constantes críticas por representar un distrito donde no reside. ¿Qué tan cerca puede estar un representante de una comunidad cuando el domicilio queda en otra parte?
Aguilar también arrastra una fama poco envidiable dentro de la política local. Sus desencuentros suelen terminar en campañas de desgaste contra quienes se atraviesan en sus intereses. A veces parece que dedica más tiempo a pasar lista de adversarios que a escuchar a los vecinos del distrito que busca representar. Además, votó en contra de la Reforma Electoral, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum. Es una traicionera, dicen en las redes sociales.
Se espera que el proceso pueda resolverse mediante encuesta y no por acuerdos políticos. Deberá confiar, por ahora, en que el arraigo, el trabajo territorial y el conocimiento de la zona tengan mayor peso que las negociaciones de último momento. Es, además, un mensaje dirigido a la dirigencia nacional, que tendrá la responsabilidad de cuidar un proceso observado con atención por la militancia.
Morena llega con amplias posibilidades de conservar el Distrito 03. La discusión, por ahora, no gira en torno al partido que ganará la elección, sino al perfil que encabezará la boleta. Si el criterio es la cercanía con la gente, Julio César de la Cruz acaba de poner sobre la mesa un argumento que obligará a más de uno a explicar dónde vive… y, sobre todo, dónde hace política.
