Si existiera un club de los optimistas financieros, la gobernadora María Eugenia Campos ya tendría membresía vitalicia. “Las deudas no siempre son malas”, dijo para defender un nuevo crédito por 150 millones de pesos del Gobierno de la ciudad de Chihuahua, que pretende destinar a la primera etapa de la vialidad Poniente 5.
El pequeño detalle es que tanto el Estado como el Municipio de Chihuahua ya no parecen administrar créditos; parecen coleccionarlos. Y la pregunta ya no es cuánto más se puede pedir prestado, sino dónde quedaron los miles de millones que ya se autorizaron para hacer precisamente obra pública, porque nomás no se ven.
Dicen los que dicen saber, que la bronca no es el crédito como instrumento financiero. Ningún gobierno serio renuncia a él cuando existe una obra estratégica que lo justifique. El dilema aparece cuando un estado termina entre los más endeudados del país y, aun así, sus gobernantes hablan como si el dinero público fuera un recurso inagotable.
A María Eugenia Campos se le olvida, o quizá finge demencia, cuando defiende el nuevo crédito de Bonilla y que endedudarse no siempre es malo, que Chihuahua ocupa este año uno de los primeros lugares nacionales en deuda por habitante.
Cada chihuahuense carga sobre sus hombros más de 12 mil pesos de deuda pública y casi siete de cada diez pesos de los ingresos estatales ya están comprometidos con obligaciones financieras. Esa no es una percepción de Morena, como pretende hacer creer la gobernadora; son indicadores oficiales que retratan la realidad financiera del estado.
En ese contexto resulta difícil entender el optimismo de la gobernadora. Si hace apenas unos meses obtuvo autorización para contratar 3 mil millones de pesos adicionales y, paralelamente, incrementó el Impuesto Sobre Nómina bajo el argumento de financiar infraestructura, la pregunta no es ideológica: es administrativa. ¿Dónde está ese dinero?
Las obras se ven, se recorren, se inauguran, se cuantifican. Si hoy el Gobierno municipal de la ciudad de Chihuahua necesita otros 150 millones para Poniente 5, entonces alguien debe explicar qué ha ocurrido con los otros créditos.
La respuesta de María Eugenia, como siempre, buscó desviar la conversación hacia el Gobierno Federal. Es un recurso conocido: cuando faltan explicaciones propias, siempre aparece un adversario nacional como cortina de humo, ya nos sabemos ese artilugio. Pero comparar la deuda federal con la situación financiera de Chihuahua no responde la pregunta esencial sobre el manejo del presupuesto estatal.
Cuauhtémoc Estrada, el coordinador de los diputados de Morena en el Congreso local, hizo ayer justamente esa observación en un video difundido en sus redes sociales . Recordó que la deuda del Estado a largo plazo ronda los 63 mil millones de pesos y cuestionó el destino de los 3 mil millones autorizados hace meses, así como de los recursos adicionales obtenidos mediante el incremento del Impuesto Sobre Nómina. Son preguntas que cualquier contribuyente tiene derecho a formular.
Más aún porque la propia gobernadora llegó al poder prometiendo poner orden en las finanzas públicas. Esa fue una de las banderas centrales de su discurso. Hoy, sin embargo, la administración parece convencida de que la solución para cada nuevo proyecto consiste en contratar un nuevo crédito. Estamos peor que antes.
Existe una diferencia enorme entre endeudarse para resolver una emergencia y hacerlo porque el presupuesto ordinario dejó de alcanzar. Cuando la deuda deja de ser una excepción para convertirse en costumbre, el problema ya no es financiero: es político. Gobernar con préstamos mientras se elevan impuestos termina trasladando la factura a ciudadanos y empresas. No se vale, María Eugenia.
Lo que no dice la gobernadora es que Bonilla ha convertido el endeudamiento en una herramienta recurrente de gobierno. En dos administraciones ha contratado créditos por mil 95 millones de pesos bajo el argumento de construir obras, a pesar de que el Municipio de Chihuahua maneja uno de los presupuestos más altos del estado y ha recibido ingresos excedentes.
La factura tampoco termina con el monto prestado. Esos créditos costarán a los habitantes de la ciudad de Chihuahua cerca de 95 millones de pesos en intereses, entre lo ya pagado y lo que deberá cubrirse hasta diciembre de 2026. Ese dinero no se traducirá en una sola obra adicional; será el precio de financiar una administración que, teniendo recursos suficientes, decidió cargar el costo al futuro de los contribuyentes.
